Luego que las autoridades de la Seremi de Transportes y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Ñuble hicieran algunos anuncios respecto a los proyectos en ejecución para mejorar las condiciones de conectividad digital en la provincia del Itata, se planteó una observación respecto a uno de los principales obstáculos para la iniciativa: La delincuencia.
El concejal de Portezuelo, Daniel Pastén, graficó la decisión especificando que “tenemos en la zona 31 antenas, pero sólo 28 están operativas, el resto ha sufrido el robo del cableado, de los generadores”, añadiendo que las estructuras con que se las protege, también han sido dañadas.
Desde la seremi de Transportes y Telecomuniciones de Ñuble, su titular, Omar Sandoval, detalló que “desde noviembre de 2024 registramos cinco reportes de vandalismo que provocaron la caída de servicios en las provincias de Itata y Diguillín, focalizados en sectores de Coelemu, Cobquecura y Pemuco”.
A estos eventos de mayor impacto operativo -según precisó- se suman las acciones delictivas a lo largo de toda la región, monitoreadas a través de ChileTelcos, donde se contabiliza un total de 90 eventos de daño a la infraestructura y 286 baterías robadas entre 2025 y julio de 2026.
“Sabemos que detrás de cada batería sustraída y de cada antena vandalizada hay familias de sectores rurales que ven amenazada su vida cotidiana y su tranquilidad. Por esta razón, hemos impulsado más de 30 fiscalizaciones en el Valle del Itata y otras 10 en otras provincias de la región”, explicó.
En estas acciones, fue posible identificar casos como los de Meipo y Chanco, lo que ya motivó indagatorias y rondas de inspección.
Además, concretaron dos Mesas de Conectividad Rural en Ñuble, a las que se sumaron diversos alcaldes de la región, cuyas comunas se han visto afectadas por estos delitos.
En consecuencia, desde la secretaría regional ministerial hicieron un llamado a los vecinos de estos sectores a utilizar los canales oficiales para realizar sus reclamos y denuncias en materia de telecomunicaciones.
“Pueden hacerlo a través de la plataforma de Subtel. Es importante que cada usuario haga valer sus derechos y reporte oportunamente cualquier inconveniente, porque esa información también nos permite como autoridad conocer las problemáticas que existen en los territorios y avanzar en las acciones de fiscalización y seguimiento que correspondan”.
Los más afectados
Fue tras la última mesa de conectividad realizada en el Itata que el concejal Pastén precisó que las deficiencias que no se han podido superar en esta materia destacan las que afectan a “colegios, postas, juntas de vecinos, municipalidades y particularmente, en los hospitales donde a veces para los usuarios les resulta imposible pedir horas, ya que se cae la señal por causa de estos daños, robos y vandalizaciones”.
Ante la ausencia de un plan concreto para poder salvaguardar estas antenas y sus componentes, en el Itata se ha optado por parte de alcaldes y dueños de las empresas afectadas, por construir bunkers para impedir el acceso a estas estructuras.
Anteriormente, se había optado por resguardarlos mediante cableado, pero este material también fue sustraído por los delincuentes, quienes además, generaron daños en las bases de cementos de las antenas.
Según las cifras consolidadas de ChileTelcos, el robo y vandalismo contra infraestructura móvil ha sido una tendencia asociada al crimen organizado.
Entre 2025 y los primeros cinco meses de 2026, a nivel país se registraron casi 3.000 eventos vandálicos y 8.739 baterías robadas, lo que generó pérdidas a la industria por más de US$45 millones.
La del Biobío, es la segunda región más afectada de Chile en este rubro. En julio de 2026, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) conformó la Mesa de Conectividad y Seguridad Pública en Biobío, estableciendo que el 18% de las vandalizaciones de antenas del país, pertenecen a esa zona.
Mientras que la de Coquimbo, fue la primera región del país donde la Subtel tuvo que constituir una Mesa de Conectividad y Seguridad Pública debido al impacto en localidades interiores y rurales.
En tanto, la de Copiapó registra un aumento del 71% en el robo de cables, registrando un repunte crítico en estos últimos meses.
