Hasta hace solo un par de meses, en el país se solía asociar la violencia rural a las regiones que se encontraban bajo el concepto de “conflicto mapuche”. El homicidio del matrimonio Luchsinger- McKay y los constantes incendios de casas y predios eran el símbolo de imagen.
El resto de las zonas, pese a que sufrían históricamente de delitos como abigeato o de hurtos menores, padecían de una violencia que solo se traducía a frías cifras dentro de una tabla estadística que no les otorgaba demasiada visibilidad.
Todo esto hasta que el “número” adquirió un rostro real, transformando así la cifra en problema y la noción en dolor. El asesinato del matrimonio González-Calleja tuvo el impacto suficiente como para que no sólo se entendiera como un homicidio en provincia (Graneros, Región de O’Higgins) y se abordara por toda la prensa, ergo por el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El poco interés que hasta entonces ha habido por parte del Gobierno por dar una solución real a esta situación se refleja en que, por ejemplo, el único estudio respecto a victimización, cuantificación y tipificación de delitos que ha afectado en los últimos años al mundo rural, fue el que elaboró recientemente la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
El barómetro, con base en encuestas hechas a agricultores de la zona centro-sur del país, arrojó datos como que el 78% de ellos ha sufrido entre uno y tres robos en el último año (854 casos), de ellos un 11% fue con violencia física; y que las especies más robada son los insumos agrícolas (29%), producción (18%), instalaciones eléctricas (16%), maquinaria (10%), animales (9%) y otras especies (18%).
Todo esto ha dejado una pérdida total de US$380,6 millones. Y para seguir con más números, se añade que un 67% de los afectados dice no tener confianza en que el hacer la denuncia genera efectos positivos.
Un estudio similar se realizó en Ñuble, por la Asociación Regional de Agricultores, arrojando cifras similares, entre ellas, que el 75% de los agricultores locales (pequeños, medianos y grandes) han sufrido robos. Lamentablemente, algunos muy violentos.
Hubo rostros, pero invisibles.
El pasado 20 de marzo, se cumplía un exacto año de la muerte del agricultor sancarlino Alfredo Sims, quien padecía de un cáncer terminal, por lo que decidió pasar sus últimos días en su parcela en el sector de Zemita, cerca de la comuna de San Carlos, junto a su esposa, Verónica Nogueira.
“Y esto pasó un 6 de diciembre. Eran cerca de las 10 de la noche, yo ya estaba acostada y mi marido estaba en el baño lavándose los dientes, cuando de repente entran cuatro tipos vestidos de negro, encapuchados y con armas a la pieza. Me encañonan, se meten al baño y sacan a mi marido, afortunadamente, sin ejercer violencia contra él”, relata Verónica, quien advierte que el contar esta historia le sigue resultando doloroso.
Le preguntaron por “el dinero, por las armas, por las joyas, pero no teníamos dinero, justamente por temor a un robo. Así que se robaron mis joyas, nos sacaron los anillos de matrimonio, computadores, los teléfonos y cosas así. Tampoco teníamos armas y menos mal que no, porque nos pudo haber pasado lo que la pasó al matrimonio de Graneros”, continúa.
Reconoce que la banda pudo haber estado conformada por dos adultos y tres menores de edad, a quienes por las voces y estructuras aseguraría que “eran solo unos niños”.
Recuerda que por tratar de mantener la calma, para evitar que se alteraran y agredieran a su esposo, les explicó que estaba muy enfermo, les pidió que se llevara todo lo que quisieran pero que no les hicieran daño. “Y, debo admitir, que dentro de todo, fueron hasta educados. Claro que en un momento les pedí que no abrieran un cajón porque solo había lana, y uno le dijo a otro ‘Amárrala, hueón’
, y me amarraron con un cable”.
Tres meses después, su marido murió. Y en diciembre de ese 2024 “me entraron a robar de nuevo, pero esta vez, como a las cinco de la tarde, cuando yo no estaba. Acababa de salir y fue un hijo que llegó a la casa, se dio cuenta y me llamó”, relata.
Esta vez, Verónica se cruzó con ellos minutos antes. “Vi un auto chico con personas dentro, así que me estacioné al lado y los quedé mirando, pero me sacaron la mirada y siguieron andando, así que los seguí”. Sin embargo, pensó que podría ser solo un temor exagerado y abandonó el riesgoso seguimiento.
“Llegó la PDI como a la media hora. No llamo más al 133 de Carabineros, porque es impresionante como son de indolentes, te llenan de preguntas en vez de entender que es una emergencia o un delito flagrante y mandar a alguien de inmediato. Es espantoso”, acusa.
La PDI revisó varias cámaras ubicadas en sectores aledaños y comprobó que, en efecto, los delincuentes eran los ocupantes de ese auto. “Al menos ya tienen algo. Pero el miedo se queda con una para siempre. Además, era gente que me estuvo vigilando, que conocía la casa y todo eso, pero en serio que no tengo mucho que me puedan robar. El problema es que esta gente cree que todos los que vivimos en el campo somos empresarios, agricultores adinerados o algo así y eso no es cierto. Le han robado mucho a gente pobre en estas zonas y es triste entender que a nadie le importa”, concluye.
La prensa local jamás publicó nada respecto a estos casos. Dado que no hay detenidos, los canales comunicacionales de la Fiscalía, Carabineros o la PDI, tampoco lo informaron.
Afección por comunas en Ñuble
Conforme a las estadísticas actualizadas hasta la segunda semana del mes de marzo por la plataforma de georreferenciación del delito STOP, de Carabineros, los delitos que mayor afectación ha dejado en los sectores rurales de las 21 comunas de Ñuble (excluyendo a las urbes como Chillán, Chillán Viejo, Yungay, San Carlos o Quirihue), son el robo de vehículos, el robo en lugar habitado y el robo en lugar no habitado.
Se observa un fenómeno llamativo, como el que el robo en lugar habitado baje en una comuna, pero al mismo tiempo haya más causas de robo en lugar no habitado y viceversa.
“Eso demuestra que, en efecto, ya no estamos hablando de ladrones furtivos como los que había hasta unos años, sino que son bandas especializadas que van rotando, van cambiando constantemente de ciudades, regiones o comunas para evitar seguimientos. Se aprovechan de la poca vigilancia, de la poca iluminación y de la escasa red de cámaras que hay y seguirá habiendo mientras no se ejecute el plan del gobierno regional”, advierte el periodista y consejero regional, Wilson Ponce.
Dentro de las comunas y sectores rurales de la jurisdicción policial de la Primera Comisaria de San Carlos, que observaron un alza de delitos entre el 2023 y el 2024, figuran Cachapoal (de 69 a 73), Ninquihue (29 a 36), Ñiquén (18-32), San Nicolás (190-198).
Mientras que San Fabián y San Gregorio, tuvieron menos delitos.
Respecto a Quinchamalí, de la Segunda Comisaría de Chillán, aumentó de 90 a 93.
En cuanto a los sectores con cobertura de la Tercera Comisaría de Bulnes, hubo aumento de delitos en San Ignacio (90-92), Santa Clara (92-95) y Quiriquina (87-108).
En San Miguel y Quillón hubo una baja de casos.
En cuanto a la Cuarta Comisaría de Yungay, solamente hubo un alza de casos en Campanario (80-83), mientras que en El Carmen y Pemuco se registran bajas.
La Quinta Comisaría de Quirihue presenta un alza en el sectores de Trehuaco (70-96), mientras que en la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, el alza de delitos afectó a la comuna de Coihueco con dramático aumento. De 278 casos en 2023 se pasó a 331 en 2024.
En esta comuna, también se ve un aumento entre los meses de enero a marzo del 2024 (58) y el mismo periodo de 2025 (65).
No es posible, por tanto hablar de un aumento o un alza considerable de forma global, aunque es evidente que hay comunas que sí se han visto seriamente perjudicadas.
En Carabineros, la estrategia que ya se ha implementado es la de fortalecer los patrullajes rurales.
El comandante, José Luis Villegas, subprefecto de los Servicios de Carabineros Ñuble, explica que tras realizar mesas de trabajo con la Asociación de Agricultores, y estudiar en terreno las acciones delictuales, “pudimos establecer que se trataba de una dinámica delictual distinta, donde el robo de animales, de insumos agrícolas como fertilizantes, maquinarias y otras herramientas, eran lo que afectaba a los vecinos en términos de delitos, y los incendios forestales por el lado de las emergencias”.
Crearon, en consecuencia, la Patrulla de Investigación Táctica Rural, y también la Patrulla Centauro Rural, ambas con dedicación focalizada en dichas necesidades.
“Un caso muy connotado, es la desarticulación de los Cuatreros de San Fabián, una asociación delictiva que cayó en septiembre pasado, con la detención de seis de sus integrantes, los que de forma organizada y planificada robaban animales en dicha comuna cordillerana para trasladarlos a la Región Metropolitana donde los comercializaban y faenaban. En esta investigación tuvo una vital participación nuestro equipo OS9, junto a la Patrulla de Investigación Táctica Rural, con quienes, además, se pudo recuperar más de 100 animales”.
Otros procedimientos se relacionan con el contrabando de animales desde Argentina, encontrados ocultos en comunas cercanas a la frontera y en ferias ganaderas, y la detención de sujetos que ingresaron de forma ilegal medicamentos equinos a Chile.
El subprefecto añade que “en San Carlos, ya se cuenta con una patrulla motorizada municipal, la cual será dispuesta específicamente para trabajar con Carabineros territoriales en sectores rurales. En San Nicolás hay también a disposición un Retén Móvil con el cual se busca generar presencia y prevención en puntos más alejados. En Quillón hace unos días se inauguró una Oficina de Seguridad Rural, con la cual se reforzará el trabajo de las Patrullas Mixtas que atienden los requerimientos de estos sectores abordando delitos e incivilidades”.
Efecto dominó
El que los delitos y la población haya aumentado considerablemente en las últimas dos décadas hizo que la última reforma al Proceso Penal de Chile quedara obsoleta en menos de 30 años.
Hoy hay delitos que antes no existían y otros son considerados de tan baja incidencia que endosárselos como investigación a las policías y los fiscales parece absurdo.
En Ñuble, los fiscales tienen en promedio cerca de 2.800 causas por resolver, lo que los obliga a priorizar, dejando muchas de ellas archivadas y sin futuro alguno.
Esto hace que las investigaciones se dilaten, por lo que los tribunales de primera instancia comiencen a ver sus agendas cada vez más exigidas, sobrepasadas, llegando todo a una Corte de Apelaciones de apenas cuatro jueces, que ya -con cifras- ha ido acusando una baja en la eficacia para evacuar causas debido al colapso que todo lo anterior les ha generado.
Faltan policías, faltan fiscales y faltan jueces. Entonces, las cárceles tienen a los presos preventivos por mucho más tiempo que antes y hoy en Ñuble se pasó hace meses la cantidad de mil reos, algo jamás visto en la región.
¿Qué queda, entonces, para los robos del mundo rural? “Es lo último de la fila. Imagínate que el tema de financiar proyectos para aumentar la seguridad en la prevención, al menos desde que soy consejero regional, nunca lo he escuchado. Pero acá también hay una responsabilidad de los alcaldes, quienes son los encargados de proponer estos proyectos”, advierte Wilson Ponce.
Desde el Congreso, el senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza dijo a La Discusión: “sabemos que hay una sensación de desesperanza en Ñuble, sobre todo en cómo se ve que avanza la delincuencia el crimen organizado, el narcotráfico pero también la violencia con que avanza la delincuencia, esta brutalidad que ha existido en el último tiempo donde personas son prácticamente acribilladas en sus propios hogares genera una sensación de desesperanza”.
Respecto al aumento de jueces para la corte, comenta que “sostuve una reunión con el ministro de Justicia para poder dar celeridad en la instalación de una nueva sala de Corte de Apelaciones para la región, y se comprometió que durante este año debiese estar ingresado ese proyecto que va a permitir tener una nueva sala para poder dar esta celeridad”.
Sobre la necesidad de más policías, el parlamentario recuerda que con la nueva Escuela de Formación que ya se construye en Cato, le brindará a la región un mayor contingente para actividades preventivas.
Finalmente, apuesta a “un mejor manejo de la tecnología. El sistema de drones de vigilancia es algo que debiésemos masificar de manera mucho más rápida en la región. Porque eso permite un desplazamiento mucho más rápido. Normalmente, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer un patrullaje en un sector rural que ocupa una cantidad de tiempo importante, lo que con drones y cámaras se puede minimizar y es perfectamente posible contar con esos elementos en la zona”.
Y en este último punto, la voz autorizada es la del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo. “Se trata de un reclamo legítimo. Pero la delincuencia no desaparece, sino que se traslada, entonces la hacemos bajar en los sectores urbanos y ellos se van a la ruralidad, entonces hemos mejorado la coordinación que tenemos con los agricultores y con Carabineros, compramos las motos para la patrulla rural, mientras que con cámaras vecinales y la red de televigilancia estamos concretando un mayor perímetro de observación”, precisa.
Con el proyecto que ya pasó a la Cámara Alta para dotar de mayores facultades en seguridad a los gobiernos regionales, “podremos elaborar programas y estrategias, conseguir mayor financiamiento, podremos firmar convenios de colaboración con los municipios, pero sí tenemos que tener una delimitación de competencias claras, con el nuevo Ministerio de Seguridad que se creó, para evitar obstaculizar los programas que necesitamos ejecutar”.
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