Fue un caso ocurrido en San Fabián, durante 2013, el que encendió por primera vez las alarmas respecto al fracaso de licitaciones públicas vinculadas a millonarias obras financiadas con recursos estatales.
Se trataba del anhelado proyecto de alcantarillado para la única comuna de Ñuble que entonces no contaba con este servicio. Sin embargo, pese a que ya se habían pagado más de $600 millones, la empresa a cargo terminó declarándose en quiebra tras alcanzar poco más del 36% de avance en las obras, situación similar a la ocurrida en distintas ciudades del país durante aquellos años.
A partir de entonces comenzaron a impulsarse modificaciones reglamentarias y mayores controles para detectar anticipadamente problemas financieros en las empresas, ejecutar con mayor rapidez las garantías y evitar que contratos millonarios terminaran convertidos en obras abandonadas.
Aunque posteriormente se establecieron mayores resguardos para proteger los recursos públicos, la relación entre organismos estatales y constructoras no pareciera haber mejorado del todo.
La Contraloría General de la República reveló que entre 2015 y 2025 quedaron inconclusas 517 obras públicas a nivel nacional debido a quiebras o insolvencias de las empresas ejecutoras y, peor aún, sin registros de recontratación posterior. Lo anterior equivale a 812 contratos con término anticipado por más de $1 billón.
Las consecuencias han quedado repartidas en distintas ciudades bajo la forma de los llamados “elefantes blancos”: edificios a medio construir, sedes vecinales abandonadas, estructuras tomadas por okupas o terrenos convertidos en microbasurales. En muchos casos, además, las obras inconclusas terminaron deteriorando precisamente los sectores que prometían recuperar.
Y de esto, la región de Ñuble y su capital, Chillán, no han estado exentas.
La herida sigue doliendo, fundamentalmente porque tanto en el MOP como en el Minvu han admitido que hubo empresas que trabajaron mal y un sistema incapaz de reaccionar con la velocidad suficiente para frenarlas.
Hoy, ejemplos como el de Tapusa demuestran que ya no basta con acreditar experiencia para evitar una catástrofe. La firma española —con más de cuatro décadas de trayectoria— dejó obras a medio terminar en distintas regiones del país. En Ñuble, el caso obligó a la Seremi de Vivienda y Urbanismo a confirmar que proyectos emblemáticos de conectividad urbana, como las remodelaciones de avenida Diagonal Las Termas y avenida Los Puelches, deberán atravesar nuevos procesos administrativos tras la insolvencia de la empresa.
Pero Tapusa no es la única historia que explica cómo las grandes promesas de desarrollo terminaron atrapadas entre contratos fallidos, litigios y faenas abandonadas.
El costo de la fragilidad
Uno de los casos más emblemáticos corresponde al mejoramiento de avenida Huambalí, en Chillán, iniciativa impulsada por el Minvu para reforzar la conectividad norte-sur de la ciudad. El proyecto contempló dos pistas por sentido, ciclovías, nuevas áreas verdes, accesibilidad universal y obras sanitarias a lo largo de casi dos kilómetros.
La obra fue adjudicada a Tapusa S.A. Agencia en Chile por más de $7.875 millones y debía concluir originalmente en enero de 2024. Sin embargo, durante la ejecución comenzaron a aparecer problemas estructurales no contemplados en el diseño inicial: matrices sanitarias deterioradas, materialidades frágiles y retrasos asociados al retiro de infraestructura eléctrica.
Aunque el proyecto alcanzó finalmente el 100% de ejecución y obtuvo recepción con reservas, el proceso estuvo marcado por ampliaciones de plazo, modificaciones contractuales y tensiones derivadas de la situación financiera de la empresa.
Un escenario similar ocurrió con la remodelación de avenida Diagonal Las Termas, también adjudicada a Tapusa por más de $7.817 millones. Allí, las obras revelaron socavaciones y fracturas en estructuras que no habían sido consideradas inicialmente, obligando incluso a rediseñar parte de las intervenciones para reforzar la resistencia del puente ubicado en el sector.
En ambos casos, las obras terminaron convertidas en símbolos de un problema más profundo: proyectos diseñados bajo una lógica técnica que muchas veces no dialoga adecuadamente con las condiciones reales del terreno ni con la capacidad efectiva de las empresas para absorber contingencias financieras y operacionales.
La propia secretaria ministerial reconoce que el escenario posterior a la pandemia agravó aún más esa fragilidad.
“Tras la pandemia se provocó un marco de medidas excepcionales para el otorgamiento de subsidios adicionales, ya que hubo un alza de los costos de materiales de construcción”, explica. Según detalla, el Estado debió absorber parte importante del incremento inflacionario para evitar la paralización masiva de proyectos habitacionales.
“Como Estado absorbimos la inflación para no frenar las soluciones habitacionales”, sostiene. Solo en Ñuble, añade, al menos 19 empresas recibieron incrementos asociados a 3.444 viviendas y más de 331 mil UF adicionales.
Las ayudas permitieron contener parcialmente el impacto del alza de costos, pero no evitaron que varias empresas igualmente terminaran colapsando.
El drama de Pueblo Seco
Si existe una obra capaz de reflejar el drama humano detrás de los contratos fallidos, probablemente sea el proyecto habitacional Nuevos Horizontes II, en San Ignacio.
Las 60 familias beneficiadas —mayoritariamente mujeres y allegados del sector rural de Pueblo Seco— llevaban más de una década esperando una solución habitacional definitiva. El proyecto avanzó lentamente durante años entre homologaciones administrativas, modificaciones reglamentarias y trámites asociados a la adquisición del terreno.
Finalmente, en enero de 2023 se instaló la primera piedra. La promesa parecía, por fin, comenzar a materializarse.
Sin embargo, durante 2024 la empresa Áridos Ingeniería y Construcción VDD Ltda. comenzó a evidenciar graves problemas financieros. Trabajadores denunciaron sueldos impagos, proveedores acusaron incumplimientos y los avances reales en terreno comenzaron a ser cuestionados incluso por las propias familias beneficiarias.
Aunque oficialmente se informó un 88% de avance, dirigentes y equipos técnicos pusieron en duda esa cifra. La obra terminó cancelándose completamente.
Para la seremi Carolina Navarrete, lo ocurrido en Pueblo Seco representa uno de los episodios más graves enfrentados por la cartera en la región.
“No se puede jugar con el anhelo de familias que viven de allegados y arrendando, ni apagar la esperanza de la casa propia de quienes llevan más de una década esperando”, afirma, para complementar con que “eso fue lo que hizo la constructora VDD en Pueblo Seco”.
La autoridad sostiene que, frente a estos casos, el ministerio ha debido reforzar mecanismos de fiscalización y endurecer medidas contra empresas incumplidoras.
“Consideramos inaceptable que se vea al Estado como una caja sin fondo”, señala.
En su visita a Ñuble, el Ministro Iván Poduje anunció la demolición de viviendas con fallas en Pueblo Seco.
Abandono que deteriora
Las consecuencias de estas quiebras no se limitan únicamente a viviendas inconclusas.
En Chillán, el proyecto de Conservación de Aceras Centrales —impulsado bajo el concepto de Ciudad Inclusiva— terminó transformándose en otro ejemplo del desgaste urbano provocado por contratos fallidos.
La iniciativa buscaba adaptar veredas y espacios peatonales del centro de la ciudad para cumplir estándares de accesibilidad universal establecidos por la Ley 20.422. Sin embargo, la empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. acumuló retrasos hasta que el contrato fue terminado anticipadamente con apenas un 48% de avance.
Durante meses, el centro de Chillán convivió con excavaciones abiertas, cierres improvisados y sectores deteriorados que complicaron la circulación peatonal y afectaron al comercio local.
Solo tras nuevas licitaciones y obras de emergencia fue posible retomar los trabajos y concluir el proyecto durante el segundo semestre de 2023.
El problema, sin embargo, ya se había instalado en la percepción ciudadana: la idea de que las obras públicas pueden transformarse fácilmente en espacios abandonados durante años.
Ese fenómeno no es exclusivo de Ñuble. Un análisis publicado recientemente advirtió que muchas obras inconclusas terminan convertidas en símbolos visibles de la incapacidad estatal para cumplir compromisos básicos con las comunidades.
Los vacíos del sistema
Aunque gran parte del debate suele concentrarse en las empresas, distintos especialistas han advertido que el problema también involucra deficiencias estructurales del propio modelo de licitación pública.
Durante años, muchos contratos fueron adjudicados priorizando ofertas económicamente más bajas, sin evaluar adecuadamente la solvencia financiera real de las empresas ni su capacidad operativa para enfrentar escenarios complejos.
Además, las instituciones públicas históricamente reaccionaron tarde frente a señales de deterioro financiero.
La situación derivó en empresas acumulando múltiples contratos simultáneos, utilizando flujos de caja cruzados para sostener obras distintas y dependiendo excesivamente de adelantos estatales para mantener operaciones.
Cuando uno de esos proyectos colapsaba, el efecto dominó terminaba arrastrando otras faenas.
Precisamente por eso, tras los episodios registrados desde 2013 en adelante, comenzaron a impulsarse cambios regulatorios orientados a detectar tempranamente problemas financieros, ejecutar garantías con mayor rapidez y limitar el riesgo sistémico.
Sin embargo, las cifras recientes de Contraloría demuestran que los ajustes todavía resultan insuficientes.
En el Minvu Ñuble aseguran que actualmente se trabaja en nuevas herramientas de control y evaluación.
Entre ellas, destaca la creación de un sistema público de calificación de empresas.
“Vamos a crear un ranking público de las mejores y peores empresas que construyen con financiamiento de nuestro ministerio”, adelanta la seremi Carolina Navarrete.
La idea, explica, es transparentar el comportamiento de las constructoras, fortalecer la fiscalización y restringir beneficios a aquellas firmas que acumulen incumplimientos reiterados.
“Hay que felicitar a quienes se destacan y, en el caso de quienes están trabajando mal, cortar los créditos de enlace y reducir la asignación de subsidios”, sostiene.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción, también reaccionaron tras lo ocurrido con Tapusa en Chillán.
Su vicepresidente, Ignacio Ruz declaró que “es lamentable que una empresa deba paralizar o abandonar obras producto de problemas financieros. En el caso de Tapusa, entendemos que se trata de una compañía de origen español y desconocemos los antecedentes específicos que llevaron a esta situación ya que no es socia de nuestro gremio”.
El drama invisible de las quiebras
Pero detrás de cada contrato fallido no solo quedan obras detenidas.
También quedan trabajadores impagos, pequeños contratistas endeudados y familias completas atrapadas en procesos judiciales que suelen extenderse durante años.
“Tenemos conocimiento de empresas fuertemente afectadas, lo que genera impactos no solo para las compañías involucradas, sino también para trabajadores, proveedores y comunidades que esperan la ejecución de estos proyectos”, observa Ignacio Ruz.
Por lo de Tapusa, subcontratistas afectados denunciaron millonarias deudas, pagos pendientes y serias dificultades económicas derivadas de la insolvencia de la empresa. Algunos incluso anunciaron reuniones con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para exigir soluciones y mecanismos de compensación.
Es el eslabón menos visible de una cadena que, cuando se rompe, rara vez afecta únicamente a las grandes empresas.
Porque detrás de cada obra paralizada hay trabajadores que dejaron meses de mano de obra sin remuneración, proveedores locales que jamás recuperaron sus inversiones y comunidades enteras obligadas a convivir durante años con promesas inconclusas.
En Ñuble, esos rastros ya forman parte del paisaje.
No siempre aparecen en las estadísticas ni en los balances financieros, pero permanecen ahí: en las estructuras vacías, en los cierres perimetrales oxidados y en la desconfianza creciente de quienes comenzaron a mirar las grandes inauguraciones con una mezcla de esperanza y escepticismo.
