La unanimidad de los cinco diputados de Ñuble marcó la votación del proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros, una iniciativa que, pese a las reticencias iniciales de sectores de la oposición frente a algunas de sus disposiciones, terminó concitando un respaldo casi transversal en la Cámara Baja.
La propuesta, que modifica la Ley de Migración y Extranjería, fue aprobada el lunes por 128 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Un día después, el Senado ratificó el informe de la comisión mixta con 37 votos favorables, ninguno en contra y una abstención, dejando el texto despachado a ley.
En Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), Sara Concha (Partido Cristiano), Carlos Chandía (RN), Felipe Camaño (ind.-DC) y Francisco Crisóstomo (PS) coincidieron en respaldar una legislación que busca agilizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión pendientes y reforzar las herramientas del Estado frente a la migración irregular.
El apoyo de los cinco parlamentarios contrasta con las diferencias que marcaron parte de la tramitación, particularmente por las disposiciones relacionadas con el ingreso a domicilios particulares para detener a extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. La discusión en comisión mixta permitió introducir modificaciones al texto antes de su aprobación definitiva.
Entre los principales cambios está el aumento de tres a cinco años del plazo mínimo de prohibición de ingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente. También se establece un procedimiento para que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas con órdenes pendientes.
La iniciativa, además, contempla mecanismos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular que enfrenten determinados procesos penales, bajo las condiciones establecidas en la ley.
Seguridad y aplicación de la ley
El diputado Cristóbal Martínez destacó que, según antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones, a mediados de año existían cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes. A su juicio, la acumulación de estos procedimientos hizo necesario modificar la legislación.
“Por eso era urgente agilizar estos procedimientos y aumentar los plazos de prohibición de reingreso a Chile, porque no podemos seguir acumulando órdenes que terminan convertidas en letra muerta, como ocurrió durante los últimos cuatro años”, sostuvo.
La diputada Sara Concha, en tanto, resaltó las nuevas atribuciones para la PDI, aunque advirtió que su aplicación dependerá también de los recursos disponibles. La parlamentaria puso el acento en la discusión presupuestaria 2027 y en la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de la institución.
“Pero aprobar una legislación no es suficiente si no entregamos los recursos necesarios para implementarla”, aseveró, al plantear que el erario del próximo año debe contemplar financiamiento para el personal y el despliegue policial.
Desde RN, Carlos Chandía vinculó la aprobación con la agenda de seguridad impulsada en el Congreso.
“Nosotros como parlamento tenemos un mandato claro en materia de seguridad, y quienes no lo entiendan tendrán que explicarle los motivos a la ciudadanía”, afirmó.
Felipe Camaño, por su parte, calificó la aprobación como una señal favorable frente a una demanda ciudadana por mayor control migratorio. El diputado también recordó el rechazo previo de una reforma constitucional relacionada con esta materia, aunque precisó que se trataba de una iniciativa distinta.
“Por eso nuestra posición es clara: cada medida que ayude a ordenar la migración y a hacer cumplir la ley va a contar con nuestro apoyo. Sin letra chica y sin cálculos políticos”, manifestó.
El socialista, Francisco Crisóstomo, también respaldó el texto, relevando las modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria, en contraste con la propuesta original del Ejecutivo.
“El proyecto original del Gobierno era bastante débil y deficiente, por eso en el Congreso aprobamos mejoras claves en la Comisión Mixta”, planteó.
Entre ellas, mencionó la autorización judicial para el ingreso de la PDI a domicilios, la reducción de los plazos para recurrir contra las expulsiones y el aumento de la prohibición de retorno a cinco años.
Con el despacho del proyecto a ley, el Gobierno sumó una nueva herramienta para ejecutar las expulsiones administrativas. Su aplicación requerirá que los organismos responsables cuenten con las capacidades necesarias para materializar las medidas dentro de las condiciones y garantías fijadas por la nueva legislación.
