“Los incendios siguen y van a seguir con mucha fuerza, no solamente este año, a pesar de las diversas acciones preventivas que implementamos”. Con esa frase, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, expuso la grave falla estructural que, a su juicio, mantiene a la región y al país en un ciclo de tragedias forestales recurrentes.
En una declaración pública, la autoridad detalló que, como Gobierno Regional, invirtieron cerca de $15.000 millones durante el año pasado en maquinaria, cortafuegos, vías de evacuación y refuerzo para Bomberos. “Muchas acciones que aún así han sido insuficientes, porque lo que tenemos aquí es una falla estructural de nuestro sistema en la legislación de planificación territorial y la regulación del uso del suelo”, afirmó.
Crisóstomo hizo un llamado a todos los actores involucrados para ser “parte de la solución estructural”. Recordó los devastadores incendios de 2023 que costaron “cientos de vidas” y apuntó a la “convivencia irregular entre las forestales y las viviendas” como el núcleo del problema.
Plan de Ordenamiento Territorial entrampado
Dirigió un emplazamiento al Congreso, exigiendo urgencia para dos proyectos clave que, según sus palabras, “lamentablemente aún se encuentran sin sacarlas adelante”. Se refirió específicamente a la Ley de Incendios, necesaria para establecer reglas claras de prevención y planificación, y a la Ley de Parcelaciones o de “Protección del Territorio y la Vida Rural”, fundamental para ordenar el crecimiento residencial en zonas rurales. “Quiero invitar al Parlamento a que puedan hoy trabajar con urgencia ambas leyes y ser parte de la solución definitiva. No hay otra forma de poder abordarlo sino es con responsabilidad”, declaró.
El gobernador también apuntó al retraso del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), cuyo reglamento lleva cinco años entrampado, desde el 2021. “El plan regional de ordenamiento territorial tiene que salir ya de Contraloría. Le pediría tanto al Ejecutivo como a Contraloría poder agilizarlo. Ya no podemos seguir esperando”, sostuvo.
Llamado a la Sofofa
Además llamó al sector privado, específicamente a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Crisóstomo se refirió públicamente a la reunión que esta entidad sostuvo con la Contralora para manifestar sus discrepancias con el PROT.
“Nos hubiera gustado que la Sofofa explicara a los gobiernos regionales cuáles eran los puntos que no les gustaban e intentar llegar a algunas soluciones”, manifestó, haciendo un llamado a la transparencia y al trabajo colaborativo.
Aseguró estar convencido de que “al mundo privado no le convienen los incendios”, tanto por el impacto productivo como por los altos costos en protección. “La invitación a la Sofofa es a ser parte de la solución. Hay que conversar de manera urgente todos los actores”, insistió.
“Yo no estoy en contra ni de la forestal ni nada por el estilo. A mí lo que me interesa es que cada uno en su justa medida pueda utilizar el territorio para sus fines pertinentes”, precisó. Su meta, dijo, es lograr asentamientos resguardados, una interfaz claramente establecida y terminar con la “convivencia atípica” entre plantaciones y viviendas que hoy pone en riesgo la vida de las personas.
¿Qué es el PROT?
El PROT es un instrumento estratégico de fortalecimiento de la regionalización, que debe definir el uso del suelo a nivel regional, integrando factores productivos, ambientales, urbanos y de riesgo (por ejemplo: incendios forestales). Actualmente, no ha sido aprobado ni publicado oficialmente para la Región de Ñuble.
El principal problema es que el Reglamento que regula el proceso de elaboración de los PROT —necesario para que gobiernos regionales puedan elaborarlos y aplicarlos— no ha obtenido aún toma de razón de Contraloría y ha sido ingresado, retirado y reingresado múltiples veces por el Ejecutivo, siendo el último ingreso durante 2025 y aún en revisión.
