Señor Director:
Las recientes alertas y mesas interinstitucionales impulsadas a raíz del aumento de estafas que afectan a las personas mayores en nuestra región ponen sobre la mesa una urgencia ineludible. Si bien se habla de cifras desoladoras y de un incremento exponencial en los delitos financieros desde 2023, en esta conversación sigue faltando una pregunta crucial: ¿existen realmente las condiciones para que todos podamos ejercer nuestro derecho a reclamo? A mi juicio la respuesta es no.
Hoy, la ley obliga a las víctimas a acudir primero a la institución financiera. Si bien el principio es correcto, la norma comete un grave error de diseño al permitir que los bancos dispongan de canales de atención “físicos y/o digitales”.
En la práctica, esto genera una barrera insalvable. Quienes sufren el desastre financiero de una estafa se enfrentan además a un sistema que exige una expertise tecnológica de la que muchos carecen. Esta traba se acentúa gravemente en nuestra zona, marcada por una profunda brecha digital y un envejecimiento sostenido de la población. Son nuestros adultos mayores, precisamente, quienes menos herramientas poseen para navegar por plataformas complejas, chatbots ineficientes o portales web engorrosos.
Actualmente, el Ejecutivo tramita en el Congreso un proyecto para modificar esta normativa y frenar los fraudes; sin embargo, guarda un silencio preocupante respecto de los problemas cotidianos que golpean a los usuarios más vulnerables.
Es de esperar que el debate parlamentario no se limite a sintonizar únicamente con las preocupaciones de la banca, sino que ponga al centro la realidad del ciudadano común. De nada sirve consagrar derechos en el papel si los trámites exigidos se transforman en un laberinto burocrático que, en los hechos, termina bloqueando el acceso a la justicia.
Félix Mercado Berríos
Abogado
