Desde mediados de año, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales anunció una campaña nacional para revisar el estado de aquellos inmuebles de propiedad del Estado que no estaban siendo utilizados por organismos fiscales, poco a poco las noticias sobre sus avances comenzaron a hacerse frecuentes en los medios.
Se trataba, en general, de notas de un tenor que mezclaba estadísticas con declaraciones de seremis y delegados.
Rara vez encontraban un espacio destacado en los medios.
Eso cambió cuando algunos noticieros y programas de medios nacionales sacaron a la luz el caso de una mujer de 82 años que mantenía un litigio en Chillán contra Bienes Nacionales.
El caso fue presentado bajo el formato de un “David y Goliat”, con un equipo de abogados del Estado derrotado por esta mujer en la Corte de Apelaciones de Chillán, para luego compararlo con un caso ocurrido en España. Al menos en lo que respecta a los titulares, porque los antecedentes de ambos casos distan bastante de ser equivalentes.
La historia habla de Rachel Llanca, quien, siendo funcionaria del Instituto Superior de Comercio (Insuco), en 1986 habría recibido autorización de la dirección del establecimiento para instalar su residencia en una de las casas ubicadas dentro del recinto y con salida a calle Bulnes.
En el marco de este proceso de recuperación de inmuebles fiscales, Bienes Nacionales inició las gestiones para recuperar la propiedad. La mujer y su familia se opusieron, amparándose en una autorización extendida por la dirección del liceo que no establecía un plazo de caducidad. El documento, sin embargo, nunca fue presentado ante los tribunales, ya que, según se señaló, se habría extraviado.
Y aunque los medios celebraban la victoria de la mujer en el tribunal de alzada, los antecedentes de la causa y la investigación judicial permiten reconstruir una historia distinta a la contada por los medios.
Una sin violines ni pianos de fondo.
Conforme a los antecedentes de la causa, a los que tuvo acceso La Discusión, la mujer ocupa la vivienda junto a su hijo, la esposa de éste y sus hijos. El grupo familiar, a su vez, posee otra vivienda obtenida mediante un subsidio habitacional.
Por otra parte, Bienes Nacionales les ofreció un arriendo de costo fiscal considerablemente inferiores a los costos comerciales, para al menos, legalizar la ocupación, alternativa que fue rechazada por la familia.
A ello se sumó otro antecedente descubierto durante la recopilación de evidencias realizada por Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado (CDE): los ocupantes de la vivienda habrían realizado ampliaciones sin autorización, ocupando parte del terreno perteneciente al Insuco y, según antecedentes cercanos a la causa, “duplicando sus dimensiones originales”.
Con estos antecedentes, el CDE presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para recuperar el inmueble, que, según vecinos, permanece sin moradores desde hace al menos un mes.
La Discusión logró contactar a la familia de Rachel Llanca, pero sus integrantes se negaron a entregar declaraciones.
Tampoco han vuelto a recibir, según los antecedentes recogidos, a los funcionarios de Bienes Nacionales que buscaron distintas fórmulas para intentar cerrar el episodio mediante una salida favorable para ambos.
Que no sea un precedente
El caso, sin embargo, se inserta en un proceso mucho mayor que Bienes Nacionales está llevando adelante en Ñuble.
Durante 2026, la Seremi ha concretado cuatro desalojos de inmuebles fiscales en las comunas de San Carlos y El Carmen, mientras mantiene otros tres procesos pendientes en Chillán. Existen además otras ocupaciones ilegales o irregulares que, por sus características administrativas y jurídicas, no forman parte de los actuales procedimientos de desalojo.
“Si bien existen inmuebles fiscales que se encuentran con ocupaciones ilegales e irregulares, estas no se encuentran dentro del proceso de desalojo debido a que tienen otra naturaleza administrativa y jurídica”, explicó el seremi Rodrigo Herrera.
La autoridad regional señaló que no todos los casos presentan la misma situación.
“Existen inmuebles que pueden recuperarse mediante procedimientos administrativos, otros que requieren acciones judiciales y algunos cuyos antecedentes deben ser analizados particularmente”, indicó.
También existen casos en que la ocupación puede ser regularizada, dependiendo de las circunstancias y del uso que se dé a la propiedad.
“Cada situación debe ser analizada caso a caso, conforme a la ley y al destino que corresponda al inmueble fiscal”, sostuvo Herrera.
La revisión de estas propiedades forma parte de un proceso de fiscalización que durante este año ya supera las 160 inspecciones en la región.
“En terreno hemos podido ver que no son pocos los inmuebles que presentan deficiencias en lo que respecta a su administración”, dijo el seremi.
De acuerdo con el seremi, esas fiscalizaciones permiten determinar si existen proyectos asociados a las propiedades, si los organismos que las tienen bajo su administración continuarán utilizándolas o si definitivamente pueden ser recuperadas y reintegradas al catastro de inmuebles fiscales disponibles.
El trabajo forma parte del Plan Anual de Fiscalizaciones de la cartera, que a la fecha alcanzaba un 71% de cumplimiento.
En el caso de las ocupaciones de viviendas, el procedimiento contempla fiscalizaciones en terreno, recopilación de antecedentes técnicos y jurídicos, revisión de títulos y verificación de las circunstancias particulares de cada caso.
“Sobre la base de esos antecedentes se determina si corresponde adoptar alguna medida y cuál es la vía legal procedente”, explicó.
Otro caso similar en 2020
El caso de Rachel Llanca comenzó a ser fiscalizado por Bienes Nacionales, al menos, en 2020.
Según el seremi, en esa oportunidad se realizaron visitas inspectivas, registros fotográficos, levantamiento de antecedentes y diversas gestiones destinadas a establecer las condiciones en que la mujer permanecía en la propiedad.
La Seremi realizó posteriormente nuevas gestiones de contacto y notificación, solicitando antecedentes y convocando a la ocupante a concurrir a sus dependencias.
La documentación que terminó siendo determinante para el litigio apareció durante la tramitación judicial.
De acuerdo con BB.NN, la Corte tuvo acceso a antecedentes históricos existentes en los archivos del Ministerio de Educación, entre ellos una autorización otorgada varias décadas atrás respecto de la vivienda.
Ese documento, sostuvo, no había sido exhibido por la ocupante ni se encontraba entre los antecedentes disponibles para Bienes Nacionales durante las fiscalizaciones anteriores.
“Por esta razón, las actuaciones desarrolladas por Bienes Nacionales se fundamentaron en la información efectivamente disponible al momento de analizar la ocupación, sin perjuicio de que posteriormente los tribunales consideraran nuevos antecedentes históricos para resolver el caso”, explicó Herrera.
El antecedente judicial que ahora invoca el CDE tampoco es nuevo.
En la apelación presentada por el organismo aparece citado el caso correspondiente al Rol 1.397-2020 de la Corte de Apelaciones de Chillán, posteriormente revisado por la Corte Suprema. En aquella causa, una mujer de 87 años, Lucy Verdugo Meza, y su hijo recurrieron de protección para impedir el desalojo de un inmueble fiscal ubicado en avenida Schleyer N° 237.
Los ocupantes también alegaban una autorización previa para permanecer en la propiedad.
La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso y estableció que la actuación de la autoridad no había sido ilegal ni arbitraria. La decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.
El CDE utiliza ahora ese antecedente para sostener que en el caso de Llanca debería aplicarse un criterio similar.
Consultada por La Discusión, la procuradora del organismo, Mariella Dentone, señaló que el CDE intervino en representación de la Seremi de Bienes Nacionales luego de revisar los antecedentes de la causa.
“Esta Defensa Fiscal ha intervenido en representación de la Seremi de Bienes Nacionales, tras valorar los antecedentes de la causa señalada que nos permiten determinar que las facultades ejercidas por el organismo, así como por la Delegación Presidencial, se encuentran dentro del ámbito de sus competencias”, señaló.
La Corte tiene la palabra
Mientras la apelación continúa pendiente, Bienes Nacionales sostiene que esperará el pronunciamiento definitivo de los tribunales.
“El Ministerio de Bienes Nacionales es plenamente respetuoso de las resoluciones que adoptan los tribunales de justicia y, por lo mismo, todas nuestras actuaciones se ajustan a lo que éstos determinen”, indicó el seremi.
Una vez resuelta esa etapa, añadió, se analizarán los antecedentes disponibles y los cursos de acción que correspondan.
“Nuestro interés no es generar conflictos con las personas, sino resguardar adecuadamente el patrimonio fiscal y actuar siempre dentro del marco que establece la ley y los tribunales de justicia”, afirmó.
La recuperación de estas propiedades, en todo caso, no tiene como objetivo mantenerlas desocupadas.
Una vez restituidos, los inmuebles vuelven a la administración del Fisco y son incorporados nuevamente a la cartera de bienes fiscales, donde se evalúa su destino de acuerdo con sus características, ubicación y las necesidades existentes en el territorio.
Pueden ser destinados a organismos públicos, proyectos comunitarios, iniciativas sociales, programas habitacionales, equipamiento para servicios estatales u otros fines permitidos por la normativa.
“Existe una demanda permanente de inmuebles por parte de servicios públicos, municipalidades, establecimientos educacionales y organizaciones sin fines de lucro que requieren espacios para desarrollar funciones o proyectos en beneficio de la comunidad”, aseguró.
“La finalidad de recuperar un inmueble fiscal no es mantenerlo desocupado, sino asegurar que el patrimonio de todos los chilenos y chilenas sea utilizado de manera eficiente, conforme a la ley y en beneficio de la comunidad”, sostuvo el seremi.
