La discusión del Presupuesto de la Nación 2027 dejó una señal: cuando las regiones actúan unidas, tienen mayores posibilidades de incidir en las decisiones que históricamente se han tomado desde Santiago. El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), que permitió revertir buena parte del recorte inicialmente propuesto por el Ministerio de Hacienda, es una demostración concreta de esa capacidad de articulación.
La propuesta original contemplaba una reducción de entre 10% y 20% para los gobiernos regionales, equivalente a más de $250 mil millones. En el caso de Ñuble, el planteamiento inicial suponía una disminución cercana al 9% nominal, preocupante para una región que necesita fortalecer su inversión pública y todavía enfrenta importantes brechas de infraestructura, conectividad y desarrollo territorial.
La negociación permitió mantener como referencia el presupuesto base de 2026, eliminar el descuento automático del 3% destinado a emergencias que habitualmente se transfería al nivel central, adelantar la apertura presupuestaria a enero e incorporar 10 medidas de flexibilidad administrativa para agilizar la ejecución de los recursos. Para Ñuble, el presupuesto 2027 alcanzará los $84.581 millones, con una variación nominal de -1,37% respecto del año anterior, un escenario considerablemente más favorable que el planteado inicialmente.
Más allá del resultado financiero, lo verdaderamente destacable fue la forma en que se consiguió. Los 16 gobiernos regionales comprendieron que, frente a una decisión que comprometía sus capacidades de inversión, no bastaba con las gestiones individuales ni con las declaraciones de preocupación de cada gobernador. Era necesario construir una posición común, sostenerla en el tiempo y sentarse a negociar con una representación capaz de expresar los intereses del conjunto del territorio nacional.
En ese esfuerzo tuvo un papel relevante el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien integró el equipo negociador y participó de una estrategia que consiguió sentar al Ejecutivo a buscar una salida. También fue importante la disposición al diálogo de los parlamentarios y, particularmente, la articulación política que permitió abrir una instancia de negociación con el Ministerio de Hacienda. La aprobación unánime del acuerdo en el Congreso refleja que era posible construir consensos en torno a una demanda que no respondía a intereses partidistas, sino a una necesidad institucional de las regiones.
Este episodio debería convertirse en un punto de partida y no en un hecho aislado. La descentralización no se agota en conseguir que Hacienda reduzca un recorte presupuestario. Supone avanzar hacia gobiernos regionales con mayores atribuciones, autonomía financiera y capacidad efectiva para decidir sobre las prioridades de sus territorios. También exige terminar con las trabas administrativas que muchas veces convierten la ejecución de la inversión pública en una carrera de obstáculos y con una estructura institucional que sigue concentrando en el nivel central decisiones que podrían adoptarse mucho más cerca de las comunidades
