El estudio que mensualmente realiza el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) estimó que la variación mensual de los productos de la canasta básica de alimentos en enero de 2023 fue entre 0,8% y 1,3%, con lo que su valor bordearía los $65 mil, mientras que la variación a 12 meses fue entre 27,3% y 28,0%, es decir, duplicaría la inflación anual a enero, que llegó a 12,3%.
La canasta está compuesta por una serie de alimentos que permiten cubrir las necesidades de una persona con actividad moderada y que es clave para calcular diversos subsidios y aportes que entrega el Estado a familias vulnerables e incluso, es un ingrediente más para la negociación por salario mínimo.
La canasta, además, es utilizada como referente para definir la línea de pobreza, que se define como un indicador de la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Así, un hogar está en situación de pobreza si su ingreso por persona o ingreso del hogar es inferior al valor de la línea de pobreza.
En la región de Ñuble, donde la tasa de pobreza por ingresos alcanzó a 14,7% en 2020 (Casen), la segunda más alta del país, la evolución de la inflación, y, por tanto, de la canasta básica de alimentos, es una variable sensible para un importante sector de la población.
Afortunadamente, se prevé que la elevada inflación que viene exhibiendo la economía en los últimos dos años irá cediendo durante 2023, para converger hacia el promedio de 3% anual en 2024, en la medida que los diversos factores que inciden en el alza de los precios vayan evolucionando favorablemente, tanto a nivel internacional como interno.
Lo anterior no quita, sin embargo, que durante el presente año la pobreza se sentirá con mayor intensidad en la zona, porque, en la práctica, los salarios de la mayoría de los trabajadores no se han reajustado de acuerdo al IPC (inflación), por lo tanto, su poder adquisitivo ha disminuido más de 20% en 12 meses, si se considera que en los segmentos vulnerables la mayor proporción de los ingresos se destina a alimentos.
Todo lo anterior, sin incorporar los catastróficos efectos de los incendios forestales en la pobreza rural que se percibirán en la región, particularmente en la Provincia de Itata, en el corto plazo. Basta mencionar que más de 1.500 pequeños agricultores de la región se contabilizaron como damnificados, según los resultados preliminares del catastro de Indap que se conocieron hace una semana. A esa cifra se deben sumar los empleos que se destruyeron debido a la catástrofe.
Desde la perspectiva social y del combate a la pobreza, este escenario exige una respuesta excepcional por parte del Estado, del mismo tenor de las ayudas que se entregaron durante la pandemia, con la debida focalización en el caso de las transferencias a los hogares vulnerables, y con la cobertura necesaria para llegar con financiamiento para las pymes, protegiendo así los empleos y contribuyendo a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Será fundamental la coordinación público-privada para evitar que la catástrofe de la inflación siga golpeando a los más pobres, de la mano de incentivos e inversiones, pero también de un plan de reconstrucción post incendios que pondere adecuadamente las especificidades de la Zona de Rezago del Valle del Itata y de la región de Ñuble.
