El Presidente José Antonio Kast asumió personalmente la responsabilidad política por las rebajas de condenas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y ratificó su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la ofensiva opositora que busca impulsar una acusación constitucional en su contra.
Desde Roma, Italia, donde desarrolla una gira por Europa, el Mandatario sostuvo que es el Presidente quien tiene la facultad de nombrar y remover a sus ministros, descartando que esa decisión corresponda a diputados o senadores. “La responsabilidad la asumí yo”, afirmó, junto con recalcar que Rabat cuenta con su confianza.
Kast defendió la gestión del secretario de Estado y destacó su trabajo legislativo en el Congreso, asegurando que ha colaborado en materias relevantes para la protección de los ciudadanos. Asimismo, señaló que el Gobierno ha sostenido conversaciones con los partidos que respaldan al Ejecutivo para abordar las inquietudes surgidas y buscar una solución a la controversia.
Respecto de la acusación constitucional anunciada por la oposición, el Presidente desafió a sus impulsores a presentar el libelo y someterlo a votación. A su juicio, aún no se han entregado antecedentes que permitan establecer una infracción a la Constitución o al derecho. También llamó a los sectores políticos a colaborar y concentrarse en resolver los problemas de fondo.
Sus declaraciones generaron nuevas críticas desde el Congreso. El senador Iván Flores (DC) calificó el tono presidencial como un “toreo” al Parlamento y sostuvo que sus dichos dificultan la relación entre ambos poderes del Estado. Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Raúl Leiva, emplazó a Kast a ponerse en el lugar de las familias afectadas por la salida de condenados y responsabilizó directamente al ministro Rabat por los decretos que permitieron las rebajas.
Partido de la Gente es clave
En paralelo, el Partido de la Gente (PDG) mantiene en suspenso su postura frente a la acusación constitucional. Sus 14 diputados podrían resultar decisivos para alcanzar los 78 votos necesarios para aprobarla, considerando que la oposición reuniría alrededor de 65 respaldos.
El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que la colectividad no fijará una posición antes de conocer el texto de la acusación y reconoció que existen opiniones distintas entre sus parlamentarios. Así, la decisión del PDG aparece como una de las claves para el futuro de la ofensiva contra el titular de Justicia.
