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Mediante un comunicado de prensa enviado a LA DISCUSIÓN, la magistrado Claudia Madsen, jueza del Juzgado de Garantía de Chillán, a quien se le atribuyó la autorización para que se realizara un velorio dentro de la cárcel de Chillán, a solicitud de una imputada santiaguina cuyo hijo murió asesinado, dijo que ella no autorizó el cortejo desde la capital nacional hasta Ñuble.
Es más, aclara que, sin que se le informara que se trataba de un féretro que venía desde Santiago para este propósito, solo se autorizó a que la mujer y su pareja (también privado de libertad) pudieran despedirlo.
La jueza aclara que, a través de una solicitud de un abogado le solicitaron, argumentando razones humanitarias, que la mujer (imputada por tráfico de drogas en 2018) necesitaba despedir a su hijo. “Su defensor penal privado presentó ante Gendarmería un requerimiento para despedirse de su hijo fallecido en el frontis de la cárcel junto a su pareja imputado por el mismo hecho. Esta solicitud fue visada por el consejo técnico de Gendarmería que dio respuesta favorable enviando el escrito al tribunal, que a su vez y con los antecedentes expuestos acogió la solicitud amparado”.
Este tipo de beneficios, según se expone en el comunicado enviado, se otorgan “con el objeto que éstos visiten a sus parientes próximos o a las personas íntimamente ligadas con ellos, en caso de enfermedad, accidente grave o muerte de ellos, por un período no superior a diez horas, para lo cual tendrán en cuenta los antecedentes respecto a la conducta y confiabilidad del interno y las medidas de seguridad que se requieran”.
Por lo tanto, los cortes de tránsito y el despliegue policial, así como la escolta hecha por la SIAT a la carroza fúnebre no fueron visados por el Juzgado de Garantía.
Tampoco fue el tribunal quien dispuso de la presencia de unidades especiales de Carabineros, fuera de la cárcel.
Familia pagó el traslado
El que el féretro y la despedida hayan sido, finalmente, al interior de la cárcel, fue una decisión de Gendarmería.
“Lo decidimos por un asunto de dignidad para los imputados, creemos que no correspondía que esa situación se desarrollara afuera del penal”, explicó el coronel Gonzalo Hermosilla, director regional de Gendarmería, quien tampoco estaba al tanto de los errores de interpretación generados por la solicitud del abogado de la imputada Johana Reyes.
Por otro lado, se aclaró que fue la familia del joven Bastián López Reyes, muerto de diez disparos en la comuna de Conchalí, por un presunto ajuste de cuentas entre bandas de traficantes, quien costeó el traslado del féretro hasta Chillán, descartando uso de recursos estatales.
Este miércoles el llamado “narcovelatorio” causó estragos en Conchalí, donde debió intervenir el Gope de Carabineros tras el lanzamiento de fuegos artificiales.
