Hoy, en un punto de prensa realizado en el edificio del Gobierno Regional de Ñuble, el intendente Martín Arrau, se refirió a los tres anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera, respecto a conseguir paz, justicia y abrirse a una nueva Carta Magna.
Tal vez lo más sorpresivo fue la decisión de convocar a funcionarios de Carabineros recientemente acogidos a retiro para que ayuden en labores de contención y el anuncio de una persecución penal contra “todo aquel que incite al odio”.
En esto, desde el Gobierno dejó establecido que no se pretende censurar opiniones divergentes a las del oficialismo ni las críticas a su gestión, sino más bien “a cualquier ciudadano, da lo mismo quién sea, que incite a la violencia y al odio, a destruir propiedad pública o privada, a dañar a otras personas, por supuesto que vamos a buscar las acciones judiciales para perseguirlos”, especificó el intendente.
Arrau confirmó también que, tal como ya sucede en otras regiones del país, se están analizando mensajes de particulares que incitan acciones vandálicas.
“Estamos analizando dos casos de redes sociales, acá en esta región, pero se está haciendo una revisión y análisis bastante más amplios”, confirmó.
El argumento que sustenta esta decisión presidencial se fundamentaría en que las fuerzas de Orden y Seguridad, en muchas ocasiones ya se han visto sobrepasadas.
“Hemos visto con preocupación que no hemos sido capaces de mantener el orden público”, añadiendo que “la paz es la condición fundamental y necesaria para mantener cualquier diálogo, al que estamos abiertos desde siempre, para abordar cualquier tema, pero sin paz, lo que construyamos sobre eso, no va a ser válido”.
Finalizando en este punto, hizo un llamado al mundo político, al gremial, a la Iglesia para que se rechacen los actos de violencia, “ya sea una mensaje en redes sociales hasta actos de violencia física como obligar a otros a hacer algo que no quiere hacer, provocar incendios, saqueos o de cualquier otra índole”, insistió Martín Arrau.
Seguridad del Estado
La expresión incitación al “odio” no figura, o no de esa manera, en el Código Penal chileno. Sin embargo, la ley de Seguridad del Estado, sí contempla “incitar, promoción o fomentar” acciones específicas y precisas como la subversión del orden público, el amotinamiento de las Fuerzas Armadas y Orden Público, incitar la formación de grupos paramilitares, destruir, paralizar o inutilizar estructuras o servicios de utilidad pública.
En el Chile postdictadura se aplicó, a modo de ejemplo, por el propio Sebastián Piñera en La Araucanía tras los incidentes del tercer aniversario de la muerte de Matías Catrileo, en 2011; y antes por Ricardo Lagos contra Demetrio Marinakis por paralizar la locomoción colectiva, cuyo gremio presidía.
El abogado penalista y exfiscal militar, Rodrigo Vera Lama advierte que “las penas para estos casos son tan altas como las que se aplican a las personas que cometieron los delitos que fomentó. Es por eso que las discusiones legales son complejas y se debe hacer una asociación muy precisa respecto a los mensajes publicados y las consecuencias que estos puedan tener”, dice.
También aclara que “este es el único delito en Chile en la que la Fiscalía ni nadie puede actuar de oficio. Para que se formalice se requiere de una querella presentada por el Ministerio del Interior, la Intendencia o quien se vea afectado directamente; además, es el único delito que se puede dejar de investigar o abandonar el proceso judicial si el querellante se desiste”.
