Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2022 nos sitúan frente a un problema complejo: ¿Cómo comprender la brecha existente entre la victimización de hogares y personas para delitos de mayor connotación social, que se ubica en 14,3% y 3,4% (bajo el promedio nacional) respectivamente y el porcentaje de personas que en Ñuble percibe un aumento de la delincuencia, que alcanza a 93,23% (por sobre el promedio nacional?
Hasta el momento, la literatura especializada no ha logrado identificar los factores que inciden en esta brecha entre la inseguridad real y la percibida. Entre los expertos hay coincidencia en que el miedo, la comprensión insuficiente de la realidad social y la falta de capital social son obstáculos para una mejora sustancial en la percepción de seguridad.
En el caso de la última ENUSC, desde la unidad regional de seguridad pública plantean que la alta sensación de inseguridad que reconocen las personas encuestadas también estaría influenciada por “el momento en que se hizo el estudio”, ya que el año pasado hubo un singular aumento de homicidios asociados al narcotráfico que generaron gran conmoción pública y trascendieron a toda la región.
Igualmente, sectores del oficialismo plantean que se trata de percepciones equivocadas y que el problema estaría en la incapacidad del gobierno de comunicar sus logros en seguridad ciudadana, lo mismo que una amplificación intencionada de los hechos delictuales en los medios de comunicación social, principalmente la televisión.
Desde la oposición, en cambio, argumentan que la prevalencia de la delincuencia por sobre el orden y la seguridad es consecuencia de la incapacidad del Gobierno para ejercer aquello para lo cual fue elegido: el ejercicio de la autoridad. Retrucan que no se trata de una percepción alimentada por una mayor cobertura mediática de episodios delictuales, sino que se trata de una crisis real donde se mezclan el aumento del crimen organizado, la inmigración ilegal descontrolada en el norte, el terrorismo en la Macrozona Sur e instituciones policiales debilitadas por el propio Ejecutivo.
Ala inseguridad no hay que taparla, tampoco tergiversarla ni forzarle una interpretación política que no tiene. Por el contrario, hay que darle un sustento tal que permita encarar las mejores soluciones tendientes a reducir los delitos y garantizar una convivencia social segura.
Lamentablemente, la publicación de la ENUSC 2022 se ha convertido en un nuevo escenario de descalificaciones entre adversarios políticos que interpretan cada uno, según su conveniencia, los datos del estudio.
Las expresiones grandilocuentes de luchar contra el delito de poco sirven y menos cuando la discusión se ideologiza, forzando un estéril debate entre gobierno y oposición. La seguridad debe ser una política de Estado y en tal sentido debe ser entendida y abordada por quienes ocupan posiciones de liderazgo. Solo así se tomarán las mejores decisiones y no aquellas que pueden llevarnos a soluciones engañosas o, peor aún, al uso político de la seguridad ciudadana que hoy vemos y que ha terminado provocando una generalizada frustración y desconfianza en las instituciones.
