Señor Director:
La Contraloría y la Fiscalía siguen detectando irregularidades millonarias, saldos sin movimiento, subsidios indebidos, fundaciones ladronas y fallas de control. Al mismo tiempo, persisten la actividad política prohibida dentro del Estado y la percepción de que en algunas empresas estatales los intereses gremiales pesan más que el de todos los chilenos.
Frente a esto, Chile necesita algo más que nuevos códigos de ética. Necesita elevar a rango constitucional, o al menos a ley orgánica, los siete principios del Informe Nolan (U.K.): desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo.
Estos principios obligan a poner el interés público por encima de cualquier beneficio particular, familiar, partidista o sindical. Darían a la Contraloría y a los tribunales un estándar claro y de alto nivel. Y enviaría un mensaje inequívoco, el Estado no es un botín.
Las normas actuales existen, pero se relativizan o nadie las hace cumplir. Es hora de anclar la ética pública donde no se pueda relativizar fácilmente, en la Constitución o en una ley de principios de la función pública. Los chilenos merecemos un Estado que sirva a todos, no a quienes lo administran.
Jorge Porter Taschkewitz
