Con el respaldo casi unánime de los nueve diputados presentes, a excepción de Tomás de Rementería, quien optó por abstenerse, la Comisión Especial Investigadora sobre ProCultura aprobó el pasado lunes su informe.
En los primeros apartados del documento se señala que, a través de auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República, se identificaron reiteradas irregularidades administrativas y graves deficiencias en los controles sobre la asignación y rendición de fondos públicos.
En este contexto, el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), destacó que “el informe demuestra cómo ProCultura aprovechó deliberadamente las instituciones para obtener ilegalmente recursos públicos”.
Según explicó, “la fundación carecía de la experiencia necesaria, y en muchas ocasiones, se benefició de la cercanía y complicidad con ciertas autoridades políticas del gobierno, lo que facilitó la adjudicación de grandes sumas de dinero con escasos controles”. Además, señaló que “parte de estos fondos fueron utilizados para subcontratar a sus propios funcionarios, generando un esquema que permitió lucrar con dineros destinados a los sectores más vulnerables”.
El documento revela que ProCultura recibió cuantiosas transferencias, principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, además de aportes de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades. En total, los fondos asignados ascendieron a aproximadamente 6 mil millones de pesos, distribuidos en al menos siete regiones del país.
Responsabilidades políticas: gobernadores
En cuanto a las responsabilidades políticas, el informe plantea que “existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación ProCultura”.
El informe también destaca que el Ministerio Público lleva a cabo investigaciones sobre posibles delitos, incluyendo fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Un aspecto clave abordado por la comisión es que estos hechos no constituyen casos aislados, sino que reflejan una problemática recurrente y sistemática que involucra a diversas instituciones y actores públicos.
El informe concluye que es imperativo fortalecer los mecanismos de control administrativo, mejorar los sistemas de fiscalización y adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de estas prácticas discrecionales en la asignación de recursos públicos a entidades sin fines de lucro.
Respecto del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), el informe sostiene que “enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva del uso de fondos públicos por parte de ProCultura”, situación que ya motivó un juicio de cuentas por parte de la Contraloría contra él y otros cinco funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, por no haber supervigilado las rendiciones de un proyecto de $268 millones.
El caso se originó en 2022, cuando el Gobierno Regional asignó directamente $268.100.000 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, actividad que según la autoridad, sí se realizó.
Paralelamente, Crisóstomo enfrenta una investigación penal que dirige actualmente el fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper. En octubre fue citado a declarar como imputado, e hizo uso de su derecho a guardar silencio.
En el caso del juicio de cuentas, podría derivar eventualmente en la obligación de restituir los fondos.
Luego de conocerse el informe, queda esperar su ratificación en la sala y lo que determine la Fiscalía, cuya investigación podría derivar en formalizaciones.
Conclusiones
Entre las principales conclusiones del informe se destacan: falta de evaluación institucional, lo que permitió que ProCultura recibiera recursos sin mayores restricciones; conflictos de interés en la asignación de fondos públicos, evidenciando vínculos personales, políticos y comerciales entre integrantes de la fundación y autoridades responsables de aprobar los recursos; omisión de inhabilidades y falta de transparencia en los vínculos entre gobernadores regionales y ProCultura; falta de claridad en las transferencias de dinero a la fundación; y dificultad del Estado para recuperar los fondos otorgados a ProCultura.
Finalmente, el informe propone avanzar en proyectos legislativos orientados a reforzar la probidad y la regulación de transferencias dentro de la Administración Pública. Asimismo, recomienda destinar más recursos a la Contraloría para aumentar su capacidad fiscalizadora mediante la contratación de más personal especializado.
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