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El sector silvoagropecuario en Ñuble concentra el mayor número de trabajadores sin contrato, vale decir, que no cuentan con cotizaciones previsionales y de salud, lo que se explica en buena medida por el carácter estacional de un gran número de empleos. De los 75 mil trabajadores informales que se estima hay en la región, casi un 20% se desempeña en labores silvoagropecuarias, cifra que se eleva considerablemente en verano, durante las faenas de cosecha.
Asimismo, se advierte que desde 2017 la cantidad de ocupados informales ha subido sistemáticamente, lo que ha encendido la alerta entre las autoridades locales, que han intensificado las fiscalizaciones y la educación en torno al tema, de manera de desincentivar estos empleos precarios, que además de privar a los trabajadores de los derechos laborales y de la seguridad social, los condena a percibir salarios 35% inferiores a los de empleos formales.
Pero lo cierto es que este problema no se soluciona cursando más multas a los empleadores o entregando folletos informativos a los temporeros, puesto que según viene planteando el gremio agrícola hace tiempo, la alta informalidad tiene que ver, en gran medida, con la resistencia de las personas a firmar contratos por temor a perder los subsidios que reciben del Estado al no acreditar rentas.
Dicha situación no solo es desventajosa para el trabajador, sino que también para el empleador, quien al no tener el respaldo de los egresos por remuneraciones, no puede enterarlos como gastos en su contabilidad, y en consecuencia, se sobreestima el monto de los impuestos a pagar.
En ese contexto agricultores y algunos parlamentarios han llevado esta inquietud a distintas autoridades con el fin de alcanzar una fórmula que permita a los trabajadores que firmen un contrato mantener total o parcialmente los beneficios estatales. Es por ello que cobra especial relevancia la discusión del Estatuto del Temporero Agrícola, proyecto de ley ingresado al final del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, al cual el actual Gobierno le quitó la urgencia para enviar una serie de indicaciones.
En caso de ser acogido este planteamiento, no solo se logrará mejorar los indicadores de informalidad laboral en el rubro y en la región, sino que también se contribuirá efectivamente a elevar los ingresos de las familias de miles de temporeros de Ñuble, así como también su calidad de vida.
Existe el compromiso de la autoridad de trabajar un proyecto de ley que se ajuste a la realidad del mundo rural, pero también existe el natural escepticismo del mundo agrícola sobre su cumplimiento y preocupación sobre los énfasis que busca imprimir la actual administración.
Es importante escuchar tanto a los empresarios agrícolas como a los trabajadores, de manera de entender las necesidades de un sector muy dinámico, que requiere de una flexibilidad que le permita seguir creciendo y mejorar su competitividad internacional y, a la vez, brindar a los trabajadores mejores condiciones laborales.
