Fue el propio Estado el que durante años incentivó a las familias de Chillán y Chillán Viejo a abandonar la calefacción a leña y optar por sistemas a pellet, como parte de la estrategia para enfrentar la contaminación atmosférica. A través del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PDA) se promovió el recambio de calefactores y se presentó el pellet como una alternativa más limpia y adecuada para la calefacción residencial. Miles de hogares respondieron a ese llamado y realizaron una inversión importante para adaptarse a una política pública que buscaba mejorar la calidad del aire de la intercomuna.
Por eso, la estrechez de pellet que durante las últimas semanas se ha hecho evidente en Chillán, y que esta semana alcanzó niveles especialmente preocupantes, no puede ser observada con indiferencia por las autoridades. No se trata de desconocer que estamos frente a un mercado privado ni de pretender que el Estado determine cuánto debe producir cada empresa, a qué precio debe vender o cómo debe distribuir su producto. Se trata de reconocer que existe una política pública detrás de una decisión que hoy afecta directamente a miles de familias.
La situación que están experimentando los consumidores resulta difícil de conciliar con la tranquilidad que han transmitido las autoridades. Mientras desde la Seremi de Energía se señala que no existe un quiebre generalizado de stock y que, según los antecedentes proporcionados por las empresas hasta el 31 de julio, existiría capacidad suficiente para satisfacer la demanda proyectada, en Chillán hay compradores que recorren distintos establecimientos sin encontrar producto, enfrentan largas filas y reciben como única respuesta que no existe fecha clara para la reposición.
La diferencia entre ambas realidades merece atención. Porque una cosa es que, en términos agregados, exista suficiente capacidad de producción para abastecer la demanda del invierno y otra muy distinta es que una familia pueda efectivamente comprar un saco de pellet cuando lo necesita.
Los comerciantes también han advertido dificultades que comenzaron hace meses. Algunos proveedores han reducido o interrumpido sus entregas y los precios han experimentado un incremento significativo. Y, más preocupante todavía, algunos consumidores ya están evaluando volver a la leña porque no tienen certeza de poder calefaccionar sus hogares durante las próximas semanas. Ese escenario debiera encender una señal de alerta.
La autoridad tiene razón cuando recuerda que el pellet es un mercado privado. Pero esa explicación no puede cerrar la discusión. Cuando el Estado impulsa una política pública que modifica los hábitos de calefacción de miles de hogares, también debe preocuparse de las condiciones que permiten que esa política sea sostenible.
No basta con cambiar una estufa. Hay que asegurar que exista combustible disponible, que la cadena de producción y distribución tenga capacidad suficiente, que los precios sean razonables dentro de las condiciones del mercado y que las familias cuenten con información oportuna para tomar decisiones.
La situación actual debiera ser aprovechada para mirar más allá de la emergencia puntual. Ñuble cuenta con una importante actividad forestal y disponibilidad de biomasa, por lo que existe una oportunidad para fortalecer una industria local del pellet, aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar las redes de distribución. Si esta tecnología continuará formando parte de la estrategia de descontaminación, resulta razonable que las autoridades evalúen mecanismos para reducir la vulnerabilidad de su abastecimiento.
Porque si el Estado pidió a los chillanejos cambiar la leña por pellet para contribuir a descontaminar la ciudad, no resulta razonable que, cuando llega el invierno, esas mismas familias deban hacer filas para conseguir combustible o pensar en volver a la leña.
