La puesta en marcha del nuevo Hospital Regional entró de lleno en la discusión política por el Presupuesto 2027, pero no solo por el monto de recursos que requerirá.
Las declaraciones del delegado pesidencial regional, Diego Sepúlveda, abrieron un debate sobre quién debe asegurar las condiciones para que el recinto pueda funcionar a plena capacidad y quién tiene las herramientas para hacerlo posible.
En entrevista con La Discusión, Sepúlveda planteó que construir el edificio no es suficiente y que todavía deben resolverse aspectos como profesionales, equipamiento, autorizaciones y financiamiento. En ese contexto, sostuvo que los parlamentarios de Ñuble tendrán un papel relevante durante la discusión presupuestaria, particularmente para garantizar recursos no solo para la puesta en marcha, sino también para la operación permanente del recinto.
La respuesta desde el Congreso fue transversal en un punto: los parlamentarios dicen estar disponibles para respaldar los recursos que sean necesarios, pero varios cuestionan que se les atribuya una responsabilidad que, según plantean, corresponde en primera instancia al Ejecutivo.
El diputado Francisco Crisóstomo (PS) fue el más crítico. Recordó que la formulación del presupuesto, los techos de gasto y la creación de cargos dependen del Ejecutivo, particularmente de Hacienda y el Ministerio de Salud, y que el Congreso no puede aumentar gasto ni crear cargos sin patrocinio gubernamental.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el Gobierno debe definir primero la brecha de personal y financiamiento, además de abordar el déficit que, según afirmó, afecta actualmente al Hospital de Chillán. Para Crisóstomo, no resulta coherente discutir una nueva puesta en marcha mientras la red asistencial existente enfrenta restricciones presupuestarias.
La senadora Loreto Carvajal (PPD), en tanto, situó la responsabilidad principal en el Ministerio de Salud y el Gobierno, señalando que así se lo han planteado a las autoridades sectoriales. Su planteamiento amplió además la discusión hacia el escenario presupuestario general de Ñuble, marcado por el desempleo y la necesidad de aumentar la inversión pública.
La disputa por los recursos y las responsabilidades
La discusión tiene, así, dos dimensiones. Una es estrictamente presupuestaria: cuánto dinero y cuántos cargos serán necesarios para que el hospital opere. La otra es política: quién debe conducir las gestiones antes de que el proyecto llegue al Congreso y quién deberá responder si los recursos finalmente no alcanzan para una operación completa.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) se ubicó en una posición distinta. Coincidió con Sepúlveda en que los parlamentarios deben hacer su parte y comprometió gestiones para que los recursos estén disponibles, pero aprovechó de atribuir parte de las dificultades actuales a la falta de continuidad política durante el gobierno anterior.
Su argumento apunta a que los cambios de delegados presidenciales y una gestión que, a su juicio, no anticipó suficientemente las necesidades de la puesta en marcha explican parte de los problemas que ahora deben resolverse. Al mismo tiempo, respaldó la labor que está desarrollando Sepúlveda para ordenar el proceso.
El diputado Carlos Chandía (RN) puso el acento en una distinción institucional. Señaló que los parlamentarios han mantenido conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud y que también han ejercido sus facultades fiscalizadoras. Su llamado, en consecuencia, apunta al Gobierno: asegurar un presupuesto expansivo en materia social, especialmente para una región que mantiene brechas históricas y una elevada tasa de desempleo.
