Las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, respecto a un eventual cobro por el uso del agua para riego, no dejaron indiferentes a los gremios agrícolas, generando reacciones en organizaciones de varias regiones, entre ellas, la Asociación de Agricultores de Ñuble, desde donde advirtieron que dichas afirmaciones generan mayor incertidumbre en el sector.
El secretario de Estado sostuvo, en una entrevista radial, que el escenario de crisis hídrica obliga a implementar grandes obras de infraestructura que se deberán financiar mediante el sistema de concesiones y que, en este sentido, los agricultores tendrán que modificar su mentalidad frente al consumo de este recurso.
“Lo digo con todo cariño y respeto amigos agricultores: van a tener que cambiar el switch. No solamente ellos, todos. El agua es un recurso escaso, por tanto, hay que pagar su uso. Los agricultores, durante 200 ó 500 años, no están acostumbrados a ello”, manifestó la autoridad. Añadió que la disposición y uso del agua conllevan costos ineludibles, sentenciando que “no es como el aire, que aparentemente es infinita”.
Incertidumbre
Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, planteó que las afirmaciones “han abierto un flanco de incertidumbre innecesario en un momento especialmente crítico para la agricultura”.
“Contrario a lo planteado por el ministro, el agua en su estado natural es un recurso de la naturaleza que no tiene un propietario originario. (…) Los agricultores, las organizaciones de usuarios de agua y las asociaciones de canalistas financian y mantienen la infraestructura necesaria para captar, conducir, almacenar y distribuir el recurso”, aclaró el dirigente.
González apuntó que, “si el objetivo es desarrollar grandes obras hídricas mediante concesiones u otros mecanismos de inversión, es legítimo discutir cómo financiar esa infraestructura. Sin embargo, las declaraciones del ministro confunden ambos conceptos. No queda claro si se refiere al financiamiento de estas obras o si pretende instalar un cobro por el uso de derechos de aprovechamiento de aguas ya constituidos. Esa ambigüedad resulta preocupante”.
En esa línea, advirtió que “imponer un costo adicional por el uso del agua, sin distinguir entre el recurso y los servicios o la infraestructura asociados a su gestión, encarecería la producción agrícola y situaría a los productos chilenos en una posición de desventaja frente a sus competidores”.
“Lo que corresponde es que se aclare cuál es el verdadero alcance de estas afirmaciones. Es imprescindible que el ministro precise sus dichos”, exigió.
Asimismo, González subrayó que “la agricultura requiere reglas claras y certezas. Frente a la creciente escasez hídrica, el debate debe centrarse en fortalecer la inversión en infraestructura, mejorar la gestión del recurso y entregar señales claras, no en generar incertidumbre mediante declaraciones que solo añaden confusión a un sector estratégico”.
La reacción local se suma a lo expresado por el Consorcio Agrícola del Sur (reúne a los gremios desde Ñuble a Los Lagos), que expresó que “lo que entendemos de las declaraciones (…) Es que los agricultores y los demás usuarios del agua deben contribuir, en la medida de sus posibilidades, al financiamiento de la infraestructura que permita aumentar la disponibilidad del recurso”.
En Ñuble, el gobierno ya definió que los futuros embalses Zapallar y La Punilla serán financiados con recursos públicos vía DFL 1.123, que establece el cobro a los regantes de una fracción de la inversión. En cuanto al embalse Chillán, su financiamiento aún no está resuelto.
