La discusión del Presupuesto 2027 entró en una etapa decisiva para los gobiernos regionales.
A un día de la votación de la partida 31 en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, los gobernadores endurecieron su posición frente a una propuesta que, según la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), reduce en $250 mil millones el financiamiento del sector para el próximo año.
La reunión que sostuvieron el pasado viernes con el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, terminó sin avances. Tras la cita, el presidente subrogante de Agorechi, Rodrigo Mundaca, pidió a los parlamentarios rechazar la partida que se discutirá este lunes 19 de octubre, al mediodía, en una sesión encabezada por la senadora Yasna Provoste.
“Lo que tenemos que hacer, con mucho respeto, es pedirle a la Comisión Mixta de Presupuesto (…) que rechace la partida de los gobiernos regionales, porque la partida que nos proponen no da cuenta de las necesidades que hoy día tenemos en nuestras regiones”, sostuvo el gobernador de Valparaíso.
Aunque el Ejecutivo planteó medidas de flexibilidad para la ejecución presupuestaria, las autoridades regionales las consideraron insuficientes para compensar la reducción de recursos. Mundaca acusó un “diálogo de sordos” y rechazó lo que calificó como una política de “zanahoria y garrote”.
El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, apuntó a otro aspecto de la discusión: utilizar la ejecución presupuestaria como argumento para justificar los recortes, sin considerar los tiempos administrativos que condicionan el gasto regional.
“Las aperturas de los gores se realizan en marzo o abril de cada año, lo que ya genera un perjuicio en el ejercicio”, planteó. Añadió que las regiones necesitan condiciones para ejecutar sus presupuestos y advirtió que el efecto de las rebajas se prolongará más allá de un solo ejercicio.
Desde la Región Metropolitana, Claudio Orrego sostuvo que la propuesta afecta la descentralización, la autonomía regional y el empleo. Su llamado también apuntó a restablecer el presupuesto de 2026 y sumar flexibilidades para ejecutar los recursos.
Ñuble disputa la lectura de sus cifras de ejecución
En Ñuble, la discusión sobre la capacidad de gasto adquirió un matiz propio. Mientras el Gobierno central ha esgrimido la ejecución presupuestaria para defender el ajuste, el Gobierno Regional sostuvo que las cifras deben considerar tanto las grandes obras de infraestructura como los proyectos comunales financiados mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
El jefe regional de Presupuesto e Inversión, Juan Parada, proyectó que el gasto en inversión directa alcanzará un 70,6% al cierre de 2026. El indicador considera los proyectos de infraestructura del subtítulo 31 y las iniciativas FRIL del subtítulo 33, que incluyen plazas, sedes sociales, luminarias y mejoramientos urbanos.
Según los datos entregados por el GORE Ñuble, al integrar ambas líneas, la ejecución de inversión directa pasó de 25,6% en 2023 a 46,1% en 2025. Para este año, la proyección representa un nuevo avance, aunque corresponde a una estimación de cierre y no a un resultado ya materializado.
Parada defendió el papel del gobierno regional en la definición de las inversiones y respondió a las críticas que reducen su labor al traspaso de fondos.
“Se ha planteado mucho el tema de las transferencias regionales, que los Gobiernos Regionales básicamente lo que hacen es transferir recursos, no gastan en infraestructura. Yo me atrevería a decir que finalmente la región también va decidiendo dónde gastar”, sostuvo.
Como ejemplos, mencionó iniciativas financiadas con participación regional, entre ellas, el Instituto Teletón, los Centros de la Mujer y el Cesfam Federico Puga. A su juicio, estas obras muestran el alcance de las decisiones presupuestarias en servicios e infraestructura que utilizan las comunidades.
La diferencia de criterios se instala así en la antesala de la votación: mientras el Ejecutivo pone el foco en la ejecución para fundamentar el ajuste, Ñuble plantea que la evaluación debe incorporar la inversión materializada en las comunas y los plazos propios de los proyectos. La sesión de este lunes será clave para conocer si los cuestionamientos de los gobernadores encuentran respaldo parlamentario y obligan a revisar la propuesta.
