Ante la falta de votos para aprobar en su actual formato la reforma constitucional en materia de seguridad, el Gobierno decidió modificar su estrategia legislativa y abrirse a cambios sustanciales en el proyecto, con el objetivo de evitar un rechazo en general que obligaría a su archivo durante un año.
La Moneda trabaja con Chile Vamos en una fórmula que contempla reducir considerablemente el contenido de la iniciativa. De los ocho puntos originalmente propuestos, la reforma constitucional quedaría concentrada en tres o cuatro modificaciones consideradas indispensables para crear la nueva institucionalidad contra el crimen organizado. El resto de las materias serían trasladadas a proyectos de ley simple.
Entre los cambios en discusión está la posibilidad de modificar la urgencia de la iniciativa. El proyecto actualmente cuenta con suma urgencia, que establece un plazo de 15 días para su tramitación, pero el Ejecutivo evalúa reemplazarla por urgencia simple, con 30 días, o incluso dejarla sin urgencia, con el propósito de ampliar el espacio para negociar indicaciones y buscar acuerdos en el Senado.
Uno de los principales puntos de controversia es el nuevo Estado de Excepción Constitucional por Seguridad Pública. La propuesta original permitía al Presidente decretarlo por 120 días, prorrogables por otros 120, sin autorización parlamentaria inmediata. La alternativa que se negocia establece que el Congreso deba aprobarlo desde el inicio y que su continuidad sea revisada cada 30 días.
También se contempla retirar de la reforma la facultad de afectar o interceptar comunicaciones privadas, mientras que las restricciones a beneficios sociales e inhabilidades para condenados por crimen organizado o terrorismo quedarían entregadas a una legislación posterior, evitando incorporar estas materias directamente en la Constitución.
Las negociaciones han sido encabezadas, entre otros, por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y representantes de Chile Vamos, con el propósito de consensuar indicaciones que permitan destrabar la iniciativa.
La reforma requiere 29 votos en el Senado, equivalentes al quórum de cuatro séptimos para modificar la Constitución
