La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) anunció el ingreso de un paquete de urgencias legislativas al Congreso, con el objetivo de acelerar la tramitación de 20 proyectos de ley vinculados principalmente a materias de migración, seguridad pública y desarrollo económico.
Entre las iniciativas priorizadas destacan dos proyectos con discusión inmediata, lo que implica que deben ser despachados en un plazo máximo de seis días. El primero busca modificar la Ley de Migración y Extranjería para tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. El segundo propone reformar la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, equiparando su rol institucional con otras policías.
A estas propuestas se suma un proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, destinado a prevenir y alertar sobre actividades vinculadas al crimen organizado.
El Ejecutivo también otorgó suma urgencia a una serie de iniciativas, entre ellas una reforma constitucional sobre ingreso y permanencia de extranjeros, y otra que aborda el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional. En la misma categoría se incluyen proyectos para fortalecer la seguridad en recintos penitenciarios, sancionar los daños a infraestructura carcelaria, reforzar la seguridad del Metro de Santiago, aumentar sanciones por tráfico de drogas, exigir documento de identidad en buses interregionales, endurecer medidas contra la evasión del transporte público y restringir beneficios fiscales a migrantes en situación irregular.
Asimismo, se incorporan iniciativas para fortalecer la institucionalidad ambiental, actualizar la Ley de Patrimonio Cultural, facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, mejorar la fiscalización de sociedades anónimas deportivas y regular la venta ilegal de productos farmacéuticos.
Finalmente, otras propuestas tendrán urgencia simple, como la ampliación del plazo de flagrancia en el Código Procesal Penal, cambios al subsidio de incapacidad laboral, ajustes a la Ley de Seguridad Nuclear y la creación de un derecho de atención preferente en trámites presenciales y beneficios sociales para determinados grupos.
