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Una decena de adherentes parados con banderas blancas con el nombre de Óscar Crisóstomo, conformaban un optimista telón de fondo para el gobernador, quien acompañado de su abogado Enrique Aldunate, entregaba a la prensa sus conclusiones tras ser notificado del fallo favorable, por parte de la Corte de Apelaciones de Chillán, respecto a la solicitud de desafuero que la Fiscalía de Chillán, había pedido en su contra.
La moción interpuesta en septiembre por el Fiscal Jefe de Chillán, Sergio Pérez apuntaba a quitar el fuero que detenta el gobernador para no solo formalizarlo por el delito de corrupción entre particulares, sino además pedir medidas cautelares en su contra.
Sin embargo, este martes tras hacerse pública la redacción del fallo del tribunal de alzada, Crisóstomo y sus adherentes o solo tenían razones para alegrarse porque los ministros rechazaron la petición del Ministerio Público, sino porque “perdieron cuatro a cero, y de eso es lo que ahora tienen que hacerse cargo”, dijo el abogado Aldunate.
El defensor añadió que pese a haber participado de incontables causas similares en diversas cortes del país, “nunca antes me había encontrado con imputaciones tan graves, sobre todo por el tipo de personas a quien se acusa, ni tampoco con acusaciones tan poco fundadas”.
Y en efecto, el fallo -redactado por la ministra Paulina Gallardo- dice como colorario que “que, lo expuesto y razonado conduce a concluir que no existe mérito suficiente para acceder a la petición de desafuero, pues los antecedentes presentados por el Ministerio Público no resultan bastantes ni idóneos para justificar la existencia del delito previsto y sancionado en el artículo 287 bis del Código Penal, ni la participación que en él se atribuye al actual gobernador de la Región de Ñuble”.
Si bien la querella inicial, la de 2020, apuntaba al actual gobernador por un total de diez delitos, la Fiscalía llegó a la Corte de Apelaciones, argumentando su solicitud solo por uno de ellos.
Tras esta sentencia, ya no podrá formalizar a la autoridad regional por ninguno de ellos.
Crisóstomo fue consultado si seguía interpretando intenciones políticas tras esta moción legal. Aunque no respondió de manera directa, dijo que “aquí debe haber un proceso de reflexión frente a quienes han hecho estas imputaciones, porque creo que la ciudadanía espera mucho más de ellos y que se avoquen a la labor para la que han sido constitucionalmente encomendados”.
Sin embargo, sí admitió que este episodio lo terminó por fortalecer.
“Claramente estamos con más fortaleza que nunca, porque no somos sólo nosotros quienes sostenemos nuestra inocencia y que las imputaciones eran falsas, hoy los ministros de la corte, no dejaron espacio a dudas y eso no solamente nos satisface, sino que nos fortalece”.
La Suprema y el TC
Francisco Soto, abogado asesor de la Fiscalía, y representante del Ministerio Público en esta audiencia, anunció que se reunirá con el equipo fiscal para revisar el fallo y así evaluar la posibilidad de apelar de la determinación en la Corte Suprema.
De ser así, el proceso normativo situaría al defensor Aldunate, acudiendo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto, toda vez que conforme a la Constitución vigente, salvo casos excepcionales, la resolución de primera instancia para causas de desafuero no son apelables.
