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Cerca del mediodía de ayer se llevó a cabo una audiencia de discusión de las medidas cautelares, en el Juzgado de Garantía de Graneros (Región de O´Higgins), que afectan al gerente de Línea Azul, Marcelo Hernández, quien se encuentra en calidad de preso preventivo, desde inicios de agosto, luego de ser formalizado por cuasidelito de homicidio.
Esto, a raíz del accidente que protagonizó una de sus máquinas en San Francisco de Mostazal, debido a fallas mecánicas, conforme a los peritajes realizados por carabineros de la SIAT de esa región.
Para el Ministerio Público, tanto el chofer de la máquina siniestrada, el jefe de taller de la empresa, y el propio gerente, estaban al tanto de los desperfectos que presentaba el bus, al punto que incluso se le cambiaron las placas patentes por la de un bus con orden de embargo, ya que la máquina circulante no contaba con los permisos para hacerlo.
Como consecuencia, murieron seis pasajeros.
Tras los alegatos, el juez de garantía se inclinó por los argumentos del fiscal Pablo Muñoz “y decidió mantener la medida cautelar actual del señor Hernández, que era lo que nosotros esperábamos”, explicó el fiscal a LA DISCUSIÓN.
Tras más de dos horas de debate, el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del empresario chillanejo, dijo que buscarán el alzamiento de la medida cautelar en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Culpó al chofer del bus
Los tres imputados por esta causa, al parecer, tienen versiones opuestas y con acusaciones cruzadas.
Durante la primera formalización, el chofer del bus, Edison Aedo, dijo que en la empresa sabían de los desperfectos técnicos de la máquina, con lo que tácitamente culpaba a la jefatura.
Luego, el jefe de taller, (con arresto domiciliario total) aseguró que fue el propio Marcelo Hernández quien ordenó los cambios de placas patentes de los buses.
Y ahora, en la audiencia, el gerente hizo uso de su derecho a declarar y culpó al chofer de esta situación.
Frases como “yo sabía que la máquina estaba en perfectas condiciones” y “nunca he dado órdenes para que se cambien las patentes” fueron parte de sus dichos, rematando -según BíoBíoChile- que “soy contador no mecánico”.
Finalmente, el mismo medio constata que Hernández aseguró no tener mayor injerencia en los buses que circulan, y que “solo superviso algunas cosas”.
Pese a esto, el fiscal Muñoz dijo que “las versiones que entregó el imputado no se condicen con los antecedentes que tenemos en la carpeta”. Esto teniendo en cuenta las otras declaraciones hechas por los dos empleados formalizados.
Más drástico se mostró el abogado Alfredo Morgado, quien actúa como querellante de las víctimas, quien derechamente lo acusó de “venir a mentir al tribunal”.
Apuntó que él supervisaba todo lo que acontecía en el taller, incluyendo temas de repuestos.
El juzgado dio cien días para la investigación judicial y ya transcurrió más de un mes.