Gendarmería Ñuble confirmó la suspensión de funciones del suboficial identificado con las iniciales L.M.N.B., detenido la semana pasada por la PDI en el marco de la denominada Operación Las Hormigas, investigación que apunta a una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de madera en la comuna de El Carmen.
Según la Fiscalía, aparece vinculado a la arista patrimonial de la causa, en calidad de facilitador para el ocultamiento de bienes asociados a la organización investigada.
El imputado, quien es medio hermano de la pareja de Carlos Jara Urra, sindicado como líder de la agrupación, figura en el informe policial a propósito de una serie de operaciones financieras e inmobiliarias bajo análisis.
Entre ellas, la adquisición, en 2024, de una propiedad ubicada en el Fundo San Juan de Chillán, por $25 millones.
Según la investigación, el inmueble había sido adquirido previamente por una empresa vinculada a Jara Urra por $40 millones y posteriormente fue objeto de diversas mejoras, entre ellas una piscina, un quincho y otras construcciones y tras la venta, siguió siendo administrada por su media hermana.
La compraventa se habría hecho por un valor inferior al de mercado y cuestionan que se haya acreditado el pago efectivo de la operación.
El informe también da cuenta de 20 transferencias bancarias recibidas por el suboficial entre enero de 2023 y noviembre de 2025, por un total de $27,8 millones. De ellas, 19 habrían sido efectuadas por su media hermana y una por Carlos Jara.
Respecto de su situación económica, la investigación detalla que entre 2018 y 2026 registró ingresos formales cercanos a los $183 millones derivados de su trabajo en Gendarmería. Sin embargo, los investigadores estiman que dichos ingresos no guardarían relación con el nivel de gastos e inversiones detectados.
A partir de estos antecedentes, la Fiscalía sostiene la hipótesis de que el funcionario habría actuado como testaferro, participando en operaciones destinadas a ocultar bienes o recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
El suboficial integraba la Unidad de Investigación Interna de Gendarmería, encargada de indagar eventuales irregularidades cometidas por funcionarios de la institución. Su defensa fue asumida por el abogado Gumercindo Quezada, actual juez de Policía Local de Bulnes.
