Con un escrito dirigido al Juzgado de Garantía de Chillán, la Fiscalía local solicitó una fecha y hora para una audiencia de formalización en contra del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, a quien se le investiga tras una denuncia en su contra por diversos delitos de carácter sexual.
La denuncia la hizo una funcionaria del consistorio coihuecano, quien inicialmente apuntó a hechos propios de la Justicia Laboral, como acoso sexual, sustentado en comentarios, mensajes telefónicos y otras formas de hostigamiento.
Sin embargo, las indagatorias habrían entrado al ámbito penal, cuando la denunciante declaró haber sido víctima de tocaciones (abuso sexual por sorpresa) y de proposiciones en las que estaba en juego su trabajo en el municipio, lo que configura el delito de “solicitud de personas”.
Pese a que ya en el mes de junio el tribunal chillanejo decretó cautelares en contra del jefe comunal -facultad que se explica por tratarse de delitos sexuales con riesgo futuro para la víctima- uno de sus alcances era la firma mensual en Carabineros, la que en julio fue discutida por el defensor del alcalde, Marcelo Villena, logrando el alzamiento de esa obligación.
En la oportunidad, el legista explicó que “mi representado me manifestó que no tiene ningún inconveniente en no acercarse a la supuesta víctima, de manera que nos conformamos con la resolución. Sin embargo, nos parece excesivo obligarlo a estampar su firma mensualmente ante Carabineros en circunstancias en que él es un funcionario público, es una persona que ha vivido toda la vida en Coihueco y, por lo tanto, va a estar absolutamente disponible para los fines de la investigación” .
Conforme a la parte querellante, abogado José Francisco Rodríguez, ingresada la solicitud de audiencia, “y revisando los tiempos del tribunal, lo más probable es que sea fijada para fines de agosto o principios de septiembre”.
Vaciado de mensajes
Respecto a la denunciante, N.S., fue funcionaria del Departamento de Salud Municipal de Coihueco y de acuerdo con su testimonio y la demanda por tutela laboral, las insinuaciones de carácter sexual e invitaciones persistentes habrían comenzado incluso antes de ingresar formalmente al municipio en abril de 2025.
Incluye un historial de hostigamientos a través de WhatsApp, llamadas fuera del horario laboral y videollamadas recurrentes de madrugada. Ante el rechazo de la profesional, la situación derivó en acoso y represalias laborales, culminando a inicios de año con la no renovación de su contrato anual.
En consecuencia, se presentó una querella por el delito de abuso sexual con sorpresa, solicitando una pena de tres años de presidio contra el jefe comunal.
El querellante explicó a La Discusión que “existe frondosa prueba documental, testimonial y otras de carácter científico que están en desarrollos. Mi representada aportó su teléfono móvil para que la PDI de Ñuble realice un vaciado de mensajes escritos y de audio, para respaldar la veracidad de sus denuncias”.
Paralelamente, y por este mismo caso, concejales de la comuna acudieron a la Contraloría General de la República para denunciar una falta gravísima a la probidad administrativa, acusando al alcalde de malgastar recursos públicos al utilizar presuntamente la dotación jurídica y el aparataje de abogados del municipio para defenderse de manera personal e interponer acciones por difamación, injurias y calumnias contra quienes lo apuntan.
Por lo demás, a fines de junio algunos ediles firmaron ante notario un mandato para que el Tribunal Electoral Regional remueva a Palma de su cargo.
Wilson Palma ha evitado dar declaraciones directas a la prensa en terreno, limitándose a publicar un comunicado audiovisual en las redes oficiales de la Municipalidad de Coihueco en el que afirma que enfrentará el proceso judicial “con la frente en alto” y asegura que la casa edilicia está dispuesta a colaborar con las investigaciones de rigor.
