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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por el presunto delito de “denegación o retardo de servicio”. La acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón y surge en el contexto de la polémica reunión entre Valencia, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, principales imputados en el caso audios.
Según informó La Tercera PM, Rendón acusa al máximo líder del Ministerio Público de no responder a una denuncia administrativa previa, lo que derivó en la querella. El abogado sostiene que Valencia habría utilizado recursos y el nombre de la Fiscalía Nacional para defenderse públicamente, lo que, a su juicio, constituye un “abuso de poder”.
Los antecedentes del caso
El conflicto comenzó con la denuncia administrativa presentada por Rendón, que buscaba cuestionar el rol del fiscal nacional en las gestiones relacionadas con la reunión mencionada. Sin embargo, esta denuncia no fue respondida por la Fiscalía Nacional, lo que llevó al abogado a presentar la acción judicial por considerar que hubo una negativa maliciosa de servicio.
De acuerdo con el artículo 256 del Código Penal chileno, el delito de “denegación o retardo de servicio” se configura cuando “el empleado público del orden administrativo maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos”. En este caso, Rendón argumenta que la supuesta negativa buscaba evitar responsabilidades administrativas.
Esta acción judicial apunta a la “denegación o retardo de servicio”, delito que -según el artículo 256 del Código Penal- es cometido por “el empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos“.
La querella acusa que “el carácter malicioso y no meramente negligente de la conducta del querellado se desprende (en este caso) naturalmente del hecho que la denegación del servicio constituye el medio propicio para eludir la responsabilidad administrativa que se busca exigir con la denuncia”.
Ante esto, solicitó una serie de diligencias, entre las que se destacan la incautación de los correos de la jefa de gabinete del fiscal nacional, Catalina Wildner, quien acusó recibido de la denuncia administrativa; mismo requerimiento que se pidió para la mensajería electrónica de Valencia.
A esto sumó el pedido de incautación de los celulares y una citación a declarar tanto para Valencia como Wildner.
La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía pide que se derive la querella al Ministerio Público, “en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además resolver la pertinencia de las diligencias pedidas”.
