Esta es sólo la artista penal del caso de incendio que afectó este fin de semana a los fundos Santa Gisselle y Las Tagüitas, en el kilómetro 8.9 del camino a Coihueco.
“Negligencia” es lo que resume el informe policial encargado a la Policía de Investigaciones de Chillán, quienes detuvieron a Francisco Casanova, uno de los dueños de los predios de Hacienda Las Tagüitas; Gerardo Jaque, dueño de la empresa a la que pertenece el tractor que estaba siendo operado por el tercer y el último detenido, Roberto Novoa.
A todos ellos por la responsabilidad que les compete en el incendio (de la Ley de Bosques) de cerca de ocho hectáreas que se registraron en ambos predios el pasado sábado, cerca de las 13:00 horas, derivando en seis viviendas afectadas de menor a mayor proporción, viveros dañados, abejas y sus cajas quemadas, además de algunos perros (pertenecientes a particulares) fallecidos.
La PDI, tras una serie de acciones de empadronamiento, revisión del lugar y entrevista a involucrados y testigos determinó que Roberto Novoa fue contratado para desmalezar un predio, utilizando un tractor para remolcar las aspas metálicas que habrían friccionado con las piedras del sitio, generando el desprendimiento de las chispas, que con temperaturas por sobre los 36 grados y con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, causaron un incendio que movilizó a Bomberos, la Conaf, Carabineros y a la PDI.
Por tal razón, la fiscalía chillaneja, pidió ante el juzgado de Garantía, la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los tres imputados, lo que no fue acogido por el tribunal, que en subsidio decretó cauciones de menor entidad, sin privación de libertad.
Inconformes con la resolución, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, adelantó que insistirá en la solicitud, en la Corte de Apelaciones de Chillán, por lo que mañana se deberá resolver la situación para los tres detenidos.
“Si fijó un plazo de investigación de cuatro meses y la Fiscalía evalúa recurrir de la resolución en relación a las cautelares decretadas el día de hoy (lunes)”, anticipó la fiscal Mansilla.
La arista civil y las reparaciones
Más allá de las sentencias penales posibles, los afectados que busquen reparaciones deben presentar (a través de un querellante) que el Juzgado de Garantía presente una “cautelar real” con lo que se prohíbe al imputado vender o traspasar bienes muebles o inmuebles de su propiedad, a fin de asegurar que, en caso de reconocer responsabilidades civiles, éstos tengan con qué responder.
“Con la sentencia condenatoria en mano, los afectados pueden entonces comenzar un juicio civil para que los condenados les paguen por lo daños causados”, explica el abogado Rodrigo Vera Lama, quien advierte que “esto siempre y cuando se haga dentro de un plazo de hasta cuatro años, por eso es muy importante que la Fiscalía termine la investigación y se desarrolle algún eventual juicio en su totalidad, antes de ese plazo”.
Pese a que los juicios civiles suelen contar con plazos muy extendidos, la casuística indica que, usualmente, los imputados suelen responder antes mediante acuerdos extrajudiciales y convenidos con las propias víctimas, con lo que demuestran al tribunal penal que en efecto, han intentado reparar el mal causado.
Las penas por Ley de Bosques pueden llegar a los tres años de cárcel y multas de 11 UTM.
