La Delegación Provincial de Punilla entregó una esperada respuesta para las familias del sector Flor de Quihua, gracias a la habilitación de un pozo de emergencia destinado a abastecer al Sistema Sanitario Rural (SSR) que beneficia a vecinos de las comunas de San Carlos y San Fabián.
La iniciativa permitirá mejorar el acceso al agua potable para 77 familias que durante los últimos años han enfrentado dificultades en el suministro.
El Delegado Presidencial Provincial de Punilla, Cristóbal Jardua, destacó la importancia de esta obra señalando que “hemos trabajado incansablemente para encontrar una solución a esta problemática que afecta a decenas de familias. Gracias al trabajo coordinado entre distintos organismos y al apoyo de la Subsecretaría del Interior, hoy avanzamos hacia una solución más segura, eficiente y sostenibles para los vecinos de este hermoso sector de Flor de Quihua, entregando mayor tranquilidad y una mejor calidad de vida”.
La problemática del sistema se arrastra desde 2024, período en que la Delegación de Punilla realizó diversas gestiones para garantizar el acceso al agua potable de las familias afectadas. Durante este tiempo, el abastecimiento se mantuvo mediante camiones aljibe, asegurando el suministro mientras se trabajaba en una alternativa definitiva.
La construcción del pozo fue posible gracias a la gestión de recursos realizada por la Delegación Provincial de Punilla ante la Subsecretaría del Interior, lo que permitió una inversión de $73.947.195 para la construcción del pozo. A ello se sumó el aporte de la Municipalidad de San Carlos, que a través de una subvención especial destinó cerca de $5 millones para la habilitación del mismo.
Esta iniciativa se enmarca en la política impulsada por el Estado para avanzar hacia soluciones permanentes de abastecimiento de agua potable mediante fuentes seguras, disminuyendo la dependencia de camiones aljibes y su alto costo operativo. En este caso, el servicio de entrega de agua representaba un gasto mensual de aproximadamente $4,8 millones, cifra que en dos años supera los $115 millones, recursos que ahora podrán ser destinados a otras necesidades de la comunidad.
