Durante la jornada del miércoles más de un centenar de personas se movilizó en San Carlos para manifestar su rechazo a la construcción de la cárcel regional en el sector de San Miguel de Ablemo, argumentando que va a aumentar la delincuencia, por ende los robos, el microtráfico de drogas y la sensación de inseguridad.
Para Eduardo Vergara, director ejecutivo de la fundación Chile 21 y exjefe de Seguridad Nacional del gobierno de Michelle Bachelet, el rechazo de las personas al proyecto tiene que ver con otras aristas, ya que a su juicio, las cárceles son una extensión de la pobreza, siendo este el real motivo por lo que la ciudadanía se opone.
“Las cárceles en Chile son una extensión de la pobreza y cuando las personas tienen reticencia o miedo a que les instalen cárceles cerca de los lugares donde viven es porque tienen miedo a convivir con gente de menor recurso. Lo único que ocurre en el entorno de las cárceles es que los seres queridos y familiares de quienes están reclusos, muchas veces, de manera bastante cuestionable, los van a visitar”, explicó.
Vergara agregó que no hay evidencia de que aumenten lo crímenes luego que se traslade o construya un centro penitenciario con las características similares a las que tendrá la nueva unidad regional.
“No hay evidencia alguna que en el entorno de una cárcel aumenten crímenes ni la violencia. Lo que ocurre es que las personas prefieren no convivir con quienes tienen menos recursos y quienes pagan de manera desproporcionada el castigo en Chile”, dijo.
El ExJefe de Seguridad Nacional sostuvo que los parlamentarios de Ñuble deben considerar la opinión de los habitantes para que se logre un acuerdo efectivo respecto a la construcción de la cárcel, además de informar cómo será todo el proceso.
“Uno espera que los parlamentarios de la zona hagan su trabajo y sean capaces de gestionar los espacios de participación y discusión que se merece la ciudadanía”, destacó.
Recordemos que hace más de una semana se confirmó que la cárcel regional de Ñuble se construirá en un predio de 31 hectáreas en la capital provincial de Punilla, decisión que ya está tomada, según señaló la seremi de Justicia, Jacqueline Guiñez.
