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Exigen solución a desabastecimiento de agua potable que afecta a 200 familias en Confluencia

A través de un oficio de fiscalización dirigido al seremi de Obras Públicas, la diputada Marta Bravo expuso la situación de desabastecimiento de agua que está afectando a la comunidad de Confluencia desde el jueves de la semana pasada.

Alrededor de 200 familias han debido recurrir a camiones aljibes de la Municipalidad de Chillán como una solución momentánea para sortear el difícil momento.

“Es una situación sanitaria especialmente delicada, producto del calor y de las necesidades propias del período estival, en un sector donde viven muchos adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, además de los animales que necesitan un consumo de agua importante en esta época del año”, comentó la parlamentaria, quien pidió al MOP actuar con urgencia ante esta crisis hídrica.

En el oficio dirigido al titular de la cartera en Ñuble, Freddy Jelves, la diputada expresa que “considerando la alerta por las altas temperaturas que tenemos en la región de Ñuble, requiero que la Dirección de Obras Hidráulicas asista a la Cooperativa de Agua Potable de Confluencia para generar una obra de emergencia”.

En caso que se trate de una falla subsanable, pero que no haya sido corregida por la Cooperativa, la diputada esgrimió que también existen los mecanismos para que los vecinos puedan pedir una fiscalización, tal como lo confirmó el presidente de la Junta de Vecinos de Confluencia, Guillermo Gatica.

“Llevamos casi una semana sin que la Cooperativa haya siquiera identificado la falla que está impidiendo la entrega de agua, por una bomba adquirida el año pasado y que al parecer tiene garantía, lo que claramente debe ser fiscalizado. Quiero ser muy claro en la respuesta positiva de la Municipalidad de Chillán, así como en la generosidad de los APR de Huechupín y Quinchamalí, sin los cuales estaríamos en una crisis aún mayor”, comentó el dirigente.

La diputada Marta Bravo comentó que además de todos los aspectos de la Ley N° 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, las comunidades pueden pedir una fiscalización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad que tiene como misión velar por el acceso a agua potable en calidad, cantidad y continuidad, así como al saneamiento según lo establecido en la normativa vigente.

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