Hay decisiones que, aun cuando no sean exigidas por la ley, tienen un valor que trasciende largamente la obligación jurídica. La propuesta surgida en el Concejo Municipal de Chillán para que sus integrantes, junto con directores municipales y el propio alcalde, se sometan voluntariamente a un test de drogas, pertenece precisamente a esa categoría: no es una imposición legal, pero sí puede convertirse en una señal de transparencia, coherencia y respeto hacia la ciudadanía.
La iniciativa, planteada por el concejal Raúl Franulic y respaldada por Carolina Chávez y Catalina Sandoval, encontró también disposición favorable del alcalde Camilo Benavente. Se trata de una propuesta que busca detectar el consumo de sustancias como cocaína, anfetaminas y marihuana, y que podría materializarse durante septiembre. Además, el municipio informó que se encuentra licitando estos exámenes, incluyendo a concejales y directores, por lo que no tendrían que asumir personalmente su costo.
Un test de drogas no convierte automáticamente a una persona en mejor o peor autoridad, ni su resultado constituye por sí solo una medida de probidad. Tampoco corresponde transformar este asunto en un juicio moral sobre la vida privada de quienes ejercen cargos públicos. La discusión relevante es otra: qué señales están dispuestos a entregar quienes administran recursos públicos y toman decisiones que afectan diariamente a miles de personas.
Hay una diferencia importante entre aquello que la ley obliga a hacer y aquello que una autoridad decide hacer voluntariamente para fortalecer la confianza de la comunidad. La política democrática no puede reducirse al cumplimiento del mínimo legal. La probidad, la transparencia y la ejemplaridad también tienen una dimensión ética.
Por eso resulta atendible que los concejales planteen someterse al examen y, especialmente, que exista disposición a comunicar sus resultados. Si se opta por esta vía, debe hacerse bajo reglas claras, iguales para todos y respetuosas de la legislación vigente y de los derechos de las personas. No puede ser una herramienta para perseguir adversarios ni convertirse en un espectáculo de exposición personal. Su sentido debe ser institucional y colectivo.
La señal sería todavía más potente si el acuerdo no quedara restringido a quienes impulsaron la iniciativa. Si se trata de transparencia, debe ser una regla común para quienes voluntariamente decidan adherir. Y si se pretende enviar un mensaje a la ciudadanía, resulta razonable que alcance a concejales, alcalde y aquellos funcionarios directivos que participen del acuerdo, sin excepciones ni privilegios.
Hay, además, una razón de contexto que no debería perderse de vista. En momentos en que las instituciones públicas enfrentan una creciente demanda de transparencia y en que la ciudadanía exige mayores estándares de conducta a sus representantes, las autoridades tienen que entender que la confianza se construye también mediante gestos. Algunos podrán parecer simbólicos, pero los símbolos importan cuando expresan una conducta consistente.
La propia autoridad edilicia ha sostenido que, al no existir una obligación legal, cualquier acuerdo en esta materia tendría el carácter de político. Precisamente ahí radica su valor. No se trata de cumplir una norma que no existe, sino de asumir voluntariamente un estándar adicional. Y eso debiera ser parte de una cultura política mucho más amplia: hacer, dentro de la legalidad, todo aquello que contribuya a despejar dudas y elevar los niveles de confianza.
