La diputada por Ñuble, Marta Bravo, valoró la inminente aprobación del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de cónyuges y parientes de autoridades del Estado.
Dentro de sus fundamentos, la iniciativa declara que “en Chile no existe una regulación que impida los abusos que se cometen en la designación de funcionarios de Gobierno con vínculos familiares”, agregando que “se puede encontrar una gran cantidad de funcionarios que ocupan cargos de Gobierno cuyo único mérito es ser pariente de algún alto funcionario o congresista cercano”.
La diputada Marta Bravo indicó que el proyecto “es una señal potente de probidad y de resguardo de la fe pública, dado que la ley prohibirá taxativamente la contratación de familiares”.
En concreto, el proyecto propone modificar la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, haciendo efectiva la restricción hasta el tercer grado de consanguinidad para senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, delegados presidenciales, ministros, subsecretarios y el Presidente de la República.
“En Chile hemos tenido una expansión del empleo público de un 60,9% en la última década, y la ciudadanía, con legítima inquietud, se pregunta en qué se traduce en términos de bienestar y desarrollo. Por eso, limitar la contratación de parientes es una de las tantas aristas que debemos trabajar, pensando en la eficiencia y eficacia del Estado en su conjunto”, agregó la legisladora.
Bravo fue más allá y dijo que “este proyecto de ley terminará con una práctica que indigna a la ciudadanía y que afecta gravemente la fe pública”.
Si bien la iniciativa establece una excepción a lo dispuesto para los cargos que son designados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, a juicio de la diputada por Ñuble es urgente reformar dicho modelo creado en 2003.
“El Sistema de Alta Dirección Pública fue concebido para privilegiar el mérito y las competencias profesionales, pero lamentablemente se ha desvirtuado con el paso del tiempo, imponiéndose los criterios políticos a la hora de las designaciones. Hacer cambios a este sistema es una tarea urgente que debemos emprender en el corto plazo”, aseguró.
