Parece un chiste viejo y de mal gusto, pero ser una potencia agroalimentaria es aún la aspiración de Chile y particularmente de Ñuble, dadas sus innegables potencialidades, por calidad de suelo, clima y disponibilidad de agua.
Pese a lo anterior, la reiteración de este objetivo y los escasos avances en materia agrícola hacen pensar en esta aspiración más bien como un eslogan político que como un desafío de política pública. Así al menos se deduce al observar las debilidades de la región a la hora de acometer tamaño desafío.
En infraestructura, por ejemplo, ya parece majadero reiterarlo, pero con apenas un 22% de las rutas de Ñuble pavimentadas, es bien difícil ser competitivos en la exportación, tanto por el alto costo del transporte como por los daños que el movimiento genera en algunos productos agrícolas.
Lo anterior está vinculado con la falta de una alternativa ferroviaria, principalmente para el transporte de los productos exportables a los puertos de la Región del Biobío, o la ausencia de un aeropuerto internacional que permita enviar directamente a destino los productos frescos.
Otro aspecto que complota contra el objetivo es el retraso de la zona en cuanto a inversiones de riego. El año pasado la incertidumbre se volvió a apoderar del proyecto La Punilla y hay otras siete obras de riego que duermen hace décadas.
Finalmente, no se puede desconocer tampoco la deuda en educación, pues para nadie es un misterio que el agro requiere de mayor profesionalización, así como también de un mayor número de personal calificado que pueda asumir las labores del campo con conocimiento técnico. De hecho, hoy resulta un contrasentido que con cuatro escuelas agrícolas en la zona, no exista disponibilidad de mano de obra.
Asimismo, resulta crucial fomentar la investigación científica para mejorar los rendimientos de algunos cultivos y facilitar la adaptación al cambio climático, pues si bien existen instituciones que realizan esfuerzos a nivel local, como la Universidad de Concepción y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, claramente se observa un déficit por parte del sector privado, razón por la cual se requiere una mayor vinculación entre la academia y las empresas.
Si a todos estos elementos mencionados sumamos la falta de una legislación moderna sobre transgénicos y una comisión antidistorsiones que opera con lentitud a la hora de proteger a la industria local frente al dumping de países vecinos, la idea de ser potencia agroalimentaria se cae por su propio peso.
Lamentablemente, sucesivos gobiernos no le han dado a este sector la importancia que se merece, de modo que no solo no se avanza hacia el mentado objetivo, sino que se continúa retrocediendo. Es, a fin de cuentas, la falta de una mirada estratégica y de largo plazo el chiste malo y repetido que sigue sonando en la fértil región.
