La discusión sobre cómo enfrentar la violencia escolar volvió a instalarse con fuerza en el Senado luego que la Comisión de Educación aprobara en general el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que busca reforzar medidas de seguridad y orden en los establecimientos educacionales del país.
Aunque la propuesta avanzó por unanimidad, el debate evidenció diferencias respecto del camino para abordar la crisis de convivencia que afecta a colegios y liceos.
Mientras desde la oposición y parte del oficialismo se insistió en la necesidad de entregar mayores herramientas a las comunidades educativas frente a episodios de agresiones y delitos, expertos invitados a la comisión cuestionaron el marcado énfasis sancionatorio de la iniciativa.
Académicos y representantes de organizaciones vinculadas al mundo educacional coincidieron en que la propuesta requiere incorporar con mayor fuerza medidas preventivas y estrategias de resolución de conflictos. También plantearon reparos a la posibilidad de eliminar la gratuidad a estudiantes condenados por hechos violentos, advirtiendo riesgos de “doble sanción” y obstáculos para la reinserción escolar.
Otro de los puntos debatidos fue la diferencia entre la violencia extrema -que inspira el proyecto y considera ataques con armas- y la violencia cotidiana presente en los establecimientos, como bullying, ciberbullying y hostigamiento entre pares. Precisamente este último fenómeno fue identificado por especialistas como el más extendido en el sistema escolar chileno, y uno de los principales vacíos de la propuesta.
Conciencia transversal
En ese escenario, el presidente de la Comisión de Educación y senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), defendió la necesidad de avanzar con rapidez en la tramitación.
“Valoro que el proyecto de Escuelas Protegidas haya sido aprobado por unanimidad en general en la comisión, porque refleja que existe conciencia transversal sobre la grave crisis de convivencia y seguridad que enfrentan hoy muchos establecimientos educacionales del país”, afirmó.
El parlamentario sostuvo además que “las cifras son preocupantes y así lo ha evidenciado también la propia ministra Arzola. Hoy vemos un aumento sostenido de hechos de violencia, agresiones y delitos al interior de las comunidades educativas, situación que ya no puede seguir normalizándose y se debe poner firmeza cuanto antes”.
Sanhueza reconoció que el fenómeno requiere una mirada más amplia que la sola aplicación de sanciones.
“Está claro que éste es un problema mucho más profundo que solo una respuesta punitiva, porque también requiere fortalecer la convivencia escolar, la salud mental y el acompañamiento a estudiantes y familias. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar a los establecimientos sin herramientas para prevenir, actuar y resguardar a sus comunidades educativas”, manifestó.
Desde el oficialismo, en tanto, surgieron advertencias respecto de la efectividad de este tipo de medidas.
La senadora, Yasna Provoste, afirmó que la experiencia internacional demuestra que los enfoques centrados en control y sanción no resuelven por sí solos los problemas de convivencia escolar, mientras que el senador, Vlado Mirosevic, llamó a entregar mayor autonomía a las comunidades educativas para decidir cómo aplicar la normativa.
La comisión continuará esta semana con nuevas audiencias y el viernes votará las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y los parlamentarios. La intención es despachar el proyecto a la Sala del Senado durante los próximos días, en medio de una creciente presión política y ciudadana por recuperar condiciones de seguridad en las escuelas.
