La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer el proyecto “Escuelas Protegidas”, una de las principales apuestas del gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad escolar, abriendo paso a su segundo trámite en el Senado.
El respaldo -103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones- confirmó el impulso político del Ejecutivo, pero también evidenció una fuerte fractura en torno a sus alcances.
El debate dejó instaladas tensiones que ahora podrían trasladarse al Tribunal Constitucional. Sectores de oposición anunciaron reservas de constitucionalidad sobre diversos artículos, especialmente aquellos que permiten revisar mochilas y pertenencias de estudiantes, así como la eventual intervención sobre menores de edad sin presencia de apoderados.
La iniciativa apunta a reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, habilitando medidas preventivas frente a hechos de violencia. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de precisión sobre quién ejecutará estas revisiones y bajo qué protocolos, lo que -según sus críticos- abre espacio a la discrecionalidad.
En esa línea, desde el oficialismo se defendió el diseño “flexible” del proyecto, que delega en los reglamentos internos de cada establecimiento la definición de procedimientos y responsables. La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que una regulación excesiva podría volver inaplicables las medidas.
“No podemos sobrerregular al punto de hacer impracticables las medidas que buscan prevenir la violencia en las comunidades escolares”, afirmó.
Respaldo en Ñuble
A nivel local, la votación reflejó un respaldo mayoritario de los parlamentarios de Ñuble, con excepción del diputado socialista Francisco Crisóstomo, quien rechazó la iniciativa.
El legislador advirtió sobre un enfoque centrado en el control, por sobre la prevención.
“La tragedia en Calama (donde un alumno dio muerte a una inspectora) refleja una crisis social más amplia que afecta nuestras escuelas. Las respuestas deben ser integrales, combinando prevención y apoyo psicosocial, en lugar de enfocarse solo en el control y castigo, que pueden agravar el problema. Es fundamental construir comunidades educativas seguras y de confianza, aprendiendo de experiencias exitosas en el país”, aseveró.
En contraste, la diputada Sara Concha (PSC) destacó la aprobación, señalando que responde a una demanda ciudadana urgente.
“Lo que hemos visto hoy con la aprobación de este proyecto no solo responde a un sentido de urgencia, sino también al sentido común que hoy expresa la ciudadanía”, manifestó.
Desde una mirada similar, el diputado Felipe Camaño (ind.-DC) enfatizó el aumento de la violencia escolar como contexto clave. “La violencia escolar ha aumentado y se ha vuelto una realidad preocupante, con más de 22.600 denuncias en 2025, principalmente por acoso escolar. Es crucial que el Congreso tome decisiones firmes para garantizar la seguridad en los establecimientos educativos y proteger a estudiantes y docentes”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Carlos Chandía (RN) respaldó la iniciativa destacando su foco en la protección de las comunidades educativas.
“En simple, este proyecto de ley busca dar protección a quienes son los protagonistas de esas comunidades, y que actualmente viven presos del temor: los directivos, profesores, estudiantes y sus familias. En contrapartida, permite identificar plenamente a quienes son los antagonistas y buscan infundir el miedo”, afirmó.
Añadió que “el fenómeno de violencia al interior de los recintos educacionales se ha extendido a zonas lejos del centro. En la región que yo represento, la de Ñuble, en estos días han debido suspenderse las clases en varios colegios de distintas comunas, prohibiendo con ello el derecho a la educación de todo estudiante”, mencionó en su intervención en sala.
El proyecto incorpora normas que permiten la revisión de objetos personales, obliga a informar a apoderados y autoridades policiales en caso de hallazgos, y establece restricciones a vestimentas que impidan la identificación, como gorros, capuchas y pasamontañas. También aborda la interrupción de clases como una falta grave, y fija nuevas condiciones para acceder a la gratuidad en educación superior.
