Con el fin de orientar a las y los apoderados en este inicio del año escolar, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, compartieron una serie de indicaciones y consejos respecto a la compra y exigencia de útiles, textos y uniformes escolares.
Las autoridades educacionales recordaron que los establecimientos tienen el deber de resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.
Al respecto, el ministro Cataldo enfatizó en que “lo principal, es que ningún estudiante vea impedido el desarrollo de sus actividades académicas y educativas, por no contar con los recursos suficientes”.
“Por eso el Ministerio entrega, a través de la Junaeb, útiles escolares y, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, los textos escolares. Son herramientas que ponemos a disposición para llevar adelante el proceso educativo, en este año con un importante esfuerzo que, si sumamos lo que estamos haciendo entre útiles y textos escolares, estamos hablando de cerca de 25 mil millones de pesos en inversiones para que nuestros estudiantes tengan un año escolar 2025 con las herramientas necesarias, y que las profesoras y los profesores puedan desarrollar las actividades académicas durante el año escolar”, detalló Cataldo.
El ministro recalcó que en los establecimientos educacionales “no pueden pedirse marcas específicas cuando se solicitan útiles escolares. Se pueden hacer recomendaciones fundadas siempre en dos razones: pedagógicas o sanitarias. Solo en esas condiciones se puede recomendar la adquisición de determinados útiles escolares”.
“En el caso de los útiles de aseo, no se pueden solicitar en los establecimientos que son subvencionados por el Estado, tanto públicos como particulares subvencionados. Eso es importante señalarlo: ni artículos de aseo ni artículos de oficina”, sostuvo el secretario de Estado.
Respecto a los textos escolares, Nicolás Cataldo agregó que los establecimientos que reciben subvención del Estado, dado que cuentan con los textos escolares otorgados por el Ministerio de Educación, “tampoco pueden obligar a adquirir un determinado texto”.
“En caso de que los establecimientos que reciban aportes del Estado finalmente decidan trabajar con algún texto escolar distinto al del Ministerio de Educación, la Ley de Inclusión contempla la posibilidad de que los establecimientos puedan adquirir esos textos escolares y ponerlos a disposición de las familias”, puntualizó la autoridad educativa.
Respecto al uniforme escolar, la normativa señala que las y los apoderados no pueden ser obligados, presionados o inducidos a comprarlos a un proveedor determinado por el establecimiento.
Cabe señalar que los establecimientos pueden sugerir y encargar la confección de sus uniformes a proveedores exclusivos sólo cuando esa decisión haya sido establecida bajo un proceso de elegibilidad competitiva, transparente e informada entre distintos proveedores. Sin embargo, siempre subsistirá el derecho preferente de los padres a adquirir el uniforme con un proveedor distinto.
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