El Diario oficial publicó hace unos días los decretos del Ejecutivo que fijan la Política Nacional de Zonas Extremas (Núm. 43.652) y la Política de Zonas en Desarrollo en Materia Social (Núm. 43.646) respectivamente, que permitirán a los gobiernos regionales realizar nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de las personas; mejorar el proceso de cómo se establece la inversión en las zonas que requieren más apoyo del Estado; y apoyar de manera equitativa y armónica al desarrollo del país producto de su ubicación geográfica.
La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (subdere), Francisca Perales, quien la semana pasada asistió a la comisión de Zonas Extremas del Senado para exponer sobre esta temática, destacó que “la publicación de ambas políticas demuestra la importancia del trabajo de la Subdere con los distintos actores para mejorar las condiciones y el estándar de cómo se establecen los planes y las carteras de inversiones de todas las zonas que requieren de apoyos del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas en todo Chile”.
La Subdere, con el objetivo de dar continuidad a la ejecución de los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) iniciados el 2014, comenzó en 2022 el proceso de elaboración de la Política Nacional de Zonas Extremas con la participación de distintos actores, que finalmente culminó en la publicación del Diario Oficial. Esta nueva política, además de las regiones de Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, la Provincia de Palena y la comuna de Cochamó, ahora incorpora a la Región de Tarapacá, la Provincia de Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, abordando estos nuevos territorios a través de los planes de desarrollo, que resultan particularmente relevantes para las dos últimas zonas debido a su aislamiento geográfico.
“Uno de los objetivos de la Política Nacional de Zonas Extremas es justamente la incorporación de una perspectiva de derechos, que sea una política que piense en los habitantes de los distintos territorios, en el desarrollo de estas zonas, promoviendo la descentralización con sentido de pertenencia para reducir las desigualdades territoriales, fomentando la cooperación público-privada como eje de desarrollo, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana, entre otros componentes que tienen como fin último mejorar la calidad de vida las personas”, precisó la titular de Subdere.
Nuevos criterios
En tanto, la Política Nacional de Zonas en Desarrollo en Materia Social (ex Política Nacional de Zonas Rezagadas en Materia Social), ahora incorpora el enfoque de derechos; nuevos elementos para la identificación, determinación y egreso de los territorios como Zona Rezagada en Materia Social; criterios para dar flexibilidad y ajustar las carteras de inversión ante el cambio de las condiciones iniciales permitiendo cumplir sus objetivos; normas para determinar la extensión excepcional de la vigencia de los planes; metodologías para la formulación de carteras más integradas; mecanismos de gobernanza, participación ciudadana y transparencia desde el inicio de la intervención; entre otros.
“Es un trabajo que se está realizando desde marzo del año pasado y que ya tiene concreción con este plan, y que va a permitir que los gobiernos regionales puedan actualizar sus carteras de inversión de las políticas de Rezago y en Desarrollo”, planteó la subsecretaria Perales.
En el caso de Ñuble, en junio pasado se inició el Plan de Nuevos Territorios en Desarrollo– Cordillera. De acuerdo al informe elaborado por la Subdere, las comunas que cumplían con los criterios para integrar el nuevo territorio correspondían a Bulnes, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Carlos, Coihueco, Ñiquén y San Fabián, quedando a la espera de un posible ingreso San Ignacio y Yungay. Estas se suman a las nueve comunas que hoy siguen trabajando en la Zona de Rezago-Itata, creada en 2015.
