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Luego que el exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, hiciera uso del derecho a declarar en el juicio oral que se realiza en su contra por el delito de “negociaciones incompatibles” en el marco del llamado “Caso Aljibes”, se pensaba que el litigio programado originalmente para cinco días podría acortarse, debido que en tal acción, lejos de contravenir las acusaciones, las reconoció y asumió.
Sin embargo -y pese a que la declaración permitió liberar a un amplio número de testigos- el litigio terminó, de todas maneras ayer viernes.
El tribunal, presidido por la magistrado Claudia Montero, fijó para el próximo jueves 28 de noviembre el veredicto, el que considerando el tenor de lo declarado por Vallejos, no puede ser otro que el de condenatorio.
Ya para los primeros días de diciembre, entonces, se conocerá la sentencia.
Así termina uno de los cuatro casos por delitos que hoy caben dentro de lo que el Código Procesal Penal considera “de corrupción” que han generado un indesmentible impacto entre los ñublensinos.
Estos son los llamados casos Led, Cuentas Corrientes, caso Convenios y este que se cierra esta semana, respecto a la contratación irregular de camiones aljibe por parte de la Municipalidad de Chillán, cuando Vallejos oficiaba de alcalde subrogante.
Algunos, como el caso Led (investigado por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, en todo el país, salvo la arista de Iquique), comenzaron su etapa de formalización en mayo de 2020, por lo que llevan más de cuatro años en indagatorias, audiencias de preparación de juicio oral suspendidas en innumerables oportunidades.
En esta causa se persiguen responsabilidades por cohecho en contra del exasesor judicial de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos y -de nuevo- del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos.
Una tercera causa, y que se podría resolver dentro del primer semestre del 2025, es la de Cuentas Corrientes, con acusados de Chillán, San Ignacio, Bulnes y Ñiquén, además de funcionarios de otras regiones,
De hecho, ya hubo una acusación celebrada en el Juzgado de Garantía de Bulnes, la que se anuló, luego que el Consejo de Defensa del Estado pidiera más plazo para investigar por considerar que hay antecedentes que permitirían formalizar a más involucrados en este caso de cohecho y soborno.
La cuarta indagatoria, llamada Caso Convenios, que tiene como imputados a diversos funcionarios del Gobierno Regional, dentro de la arista Ñuble, ni siquiera ha sido formalizada.
Es más, debió trasladarse la carpeta desde Aysén a la regional de Coquimbo, luego que se apartara de la investigación al fiscal Carlos Palma, quien es investigado por supuestos vínculos irregulares con la pareja de la exministra Ángela Vivanco, en el marco de las indagatorias por el “Caso Hermosilla”.
Posibles penas remitidas
La fiscalía de Chillán, representada por la persecutora Nadia Espinoza, acusaba en el juicio por Caso Aljibes tres hechos por los que pidió tres años de cárcel más accesorias, en cada uno, es decir nueve años de cárcel, en contra de Ricardo Vallejos.
Considerando la declaración, la Fiscalía habría aceptado reconocer la atenuante de colaboración sustancial, lo que se suma a la de irreprochable conducta anterior, dos aminorantes para reducir la máxima pena solicitada.
La investigación, de la que también participó el Consejo de Defensa del Estado, se centró en la estrategias realizadas por Vallejos, su hermano y su padre, para favorecer la contratación de una empresa perteneciente a su familia (a nombre de sus sobrinos) relacionada al rubro de transporte de agua potable, mediante camiones aljibe.
Las diligencias policiales se centraron en el periodo del verano 2019-2020, ocasión en que se registró uno de los déficit hídricos más severos en la zona, castigando principalmente a los vecinos de los sectores rurales de la comuna.
Para el verano del 2019-2020 el país sufrió una de las peores crisis hídricas del siglo, lo que obligó al Gobierno a entregar millonarios montos a las intendencias de las regiones más castigadas con la sequía, entre ellas la de Ñuble, que contaba como gobernadora provincial del Diguillín a la esposa del imputado, Paola Becker.
Durante esos meses, Vallejos en su calidad de administrador municipal, firmó los decretos municipales para adquirir por trato directo los servicios de las empresas en las que participaban sus sobrinos, su hermano Fernando y su padre Déctor.
Para evitar acciones legales por contratar una empresa familiar creó empresas fantasmas a las que simuló el traspaso de camiones y maquinarias, quedando entonces a nombre de un empleado de los Vallejo, quien además era amigo de la familia por años.
Pese a lo anterior, ninguno de los familiares del otrora funcionario fue llevado al tribunal.
“En el delito de negociación incompatible, el actor del delito es el funcionario. Hay antecedentes que involucrarían al padre como al hermano del acusado, pero el tipo penal reconoce como autor solo a los funcionarios”, explicó la fiscal Nadia Espinoza.
La investigación, de acuerdo a lo expuesto en el tribunal, nace a raíz de una indagatoria que comienza a realizar la nueva Intendencia (liderada por Martín Arrau) Regional de Ñuble, una vez creada la nueva región.
El equipo de asesores del nuevo intendente detectó irregularidades en las contrataciones e hizo la denuncia en la Fiscalía.
El Ministerio Público solo formalizó la causa bajo el rótulo penal de “negociación incompatible” imputable solo a funcionarios, por lo que el padre y el hermano de Ricardo Vallejos, ni tampoco el empleado que fue utilizado como testaferro, quedaron fuera de las acusaciones.
Y en el caso de Paola Becker, “las primeras indagaciones nacen a raíz de las empresas Sotrapel y Camarico, de propiedad de la familia Vallejos, con la entonces gobernadora del Diguillín”, aclara la fiscal quien explica que Becker no fue objeto de investigación, debido a que “el rol fundamental es del funcionario público que suscribe o se interesa en un acto administrativo y ella, como gobernador, no figura suscribiendo ni autorizando ningún tipo de contrato”.
Una vez emitido el veredicto, el TOP tiene cuatro días hábiles para dictar sentencia.
Considerando las atenuantes, es posible que Vallejos sea condenado a penas remitidas, por lo tanto, las podrá cumplir en libertad.
Las penas por cuentas corrientes
El Caso Cuentas Corrientes, hasta el 29 de octubre, , tenía una acusación ya presentada y fecha para el inicio de la preparación de juicio oral, que es la antesala al juicio a desarrollarse en el TOP.
Sin embargo, por solicitud, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la acusación quedó sin efecto y se amplió el plazo de investigación. La razón, según consignaron en el CDE, es que tenían antecedentes que apuntaban a más involucrados en los hechos de cohecho, soborno y fraude al fisco que se persigue en las municipalidades de San Ignacio, Ñiquén y Bulnes en la Región de Ñuble; y en la municipalidad de Río Bueno, en la de Los Ríos.
Estas investigaciones se formalizaron a partir de abril de 2023, ocasión en que se detuvo al empresario chillanejo Rodrigo Carmona; a su asistente, Rodrigo Sandoval, a los alcaldes de San Ignacio (César Figueroa) y de Ñiquén (Manuel Pino) más otros funcionarios municipales.
La Fiscalía les imputa el haber generado un vínculo con base en sobornos para favorecer a la empresa consultora de Carmona en el proceso de licitación para la realización de auditorías y posterior llamado a la banca a concursar por el manejo de las respectivas cuentas corrientes.
Inicialmente, las penas solicitadas para cada uno de los formalizados eran desde los 3a los 22 años de cárcel, con accesorias como el decomiso de bienes, equipos celulares y computacionales, hasta multas o periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La pena más alta es la que se solicita en contra Rodrigo Carmona, de 7 años por estafas y otra de 15 años por delitos de sobornos reiterados, junto con el comiso de bienes muebles e inmuebles.
El Juzgado de Garantía de Bulnes le dio 45 días más al CDE como plazo para cerrar la investigación, 10 días después se debe presentar la nueva acusación, es decir, éste debe estar hecha a fines de enero y a inicios de marzo se debe realizar la preparación de juicio oral.
“Independiente del plazo que pidió el Consejo de Defensa, creo que las solicitudes de penas para las personas que ya están imputadas no deberían cambiar mucho y tal vez, incluso, sean las mismas”, apuntó el abogado Sergio Zúñiga, defensor de Krysler Monroy, uno de los imputados por la arista San Ignacio.
Más de cuatro años de luces Led
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aún se tramitan las investigaciones, de manera agrupada, relacionadas con los municipios de Chillán y Negrete, el Ministerio de Energía y a parte de los principales integrantes del grupo Itelecom, en el marco del llamado Caso Led.
La causa, formalizada en mayo de 2020 para la arista chillaneja, divulgó diversas tratativas, mediante soborno y cohecho, entre funcionarios municipales y la empresa Itelecom, de propiedad de Marcelo Lefort, a fin de que se le favoreciera en los procesos licitatorios para el recambio de luminarias del alumbrado público, por tecnología led.
Solo en Chillán el negocio frustrado, le pudo haber significado a la empresa cerca de $3.700 millones. Esta arista tiene como acusados al exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos; al exasesor jurídico, Marcelo Campos; y al entonces concejal, Víctor Sepúlveda.
En esta investigación agrupada, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, presentó acusación, el 28 de septiembre pasado, en contra de 19 imputados (entre ellos dos exalcaldes) y nueve empresas del grupo Itelecom, con penas que van desde los 28 años de cárcel (para Lefort), mientras que las menores no bajarían de los siete años.
La audiencia de preparación de juicio oral se ha fijado y suspendido en ya cerca de ocho oportunidades.
La última vez que se suspendió fue para el pasado 13 de noviembre, fecha en que se discutió un nuevo día y hora, quedando de manera definitiva para el próximo 2 de abril.
De no volver a aplazarse, este juicio podría arrancar también, dentro del primer semestre de 2025, aunque se espera que los litigios puedan extenderse hasta por casi seis meses.
Pese a lo anterior, aún existe la posibilidad que Campos, Vallejos y Sepúlveda, escojan resolver la causa en un juicio abreviado.
Caso Procultura
Más lejano de resolverse parece la arista “ProCultura” del llamado caso Convenios, que en esta ocasión vincula a partidos políticos, gobiernos regionales y empresas particulares. En Ñuble, la investigación recae sobre el Regional, con 19 personas investigadas por la asignación de recursos para un evento realizado en el marco de las tratativas con Argentina para consolidar el paso internacional Minas-Ñuble.
La causa la lleva el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, quien en octubre pasado citó a declarar a los 19 imputados, entre ellos al gobernador, Óscar Crisóstomo. De ellos, 10 declararon, otros dos se acogieron a su derecho de guardar silencio y se reprogramó la declaración de otros dos.
