Cuando llegan nuevas autoridades al gobierno, al enfrentarse a diversas problemáticas, muchas veces se les escucha decir que van a encargar un diagnóstico, que se van a recoger datos, que es clave conocer la realidad territorial y un sinfín de frases repetidas que, lejos de inspirar esperanza u optimismo, generan decepción y escepticismo.
Cuando la burocracia estatal de por sí puede consumir un año o más en la sola aprobación y acceso a financiamiento para una iniciativa, cuando los respectivos estudios técnicos pueden demandar dos años, dependiendo de la complejidad del proyecto, cuando la permisología puede consumir un año y medio o dos; y si a lo anterior se le suma una etapa previa de diagnóstico, que también puede añadir otro año, no resulta extraño que puedan pasar cuatro años para que los vecinos puedan celebrar la materialización de un anhelo, como la pavimentación de un camino o la construcción de un sistema de agua potable rural.
Por ello, muchas iniciativas se concretan finalmente cuando las autoridades que las gestionaron ya se han ido. Ello explica, en parte, por qué los proyectos predilectos de algunas autoridades son precisamente aquellos de rápida ejecución.
En las oficinas de distintas instituciones públicas, desde municipios a ministerios, se acumulan toneladas de papel con diagnósticos que con suerte fueron leídos y rara vez se convirtieron en insumos de estrategias, programas, planes y proyectos.
¿Qué pasó con el estudio de demanda de energética de Ñuble? ¿Y el diagnóstico para el desarrollo de un hub logístico en la región? ¿Todavía esperamos los resultados del estudio de demanda aérea para justificar inversiones en el aeródromo Bernardo O’Higgins?
El futuro delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, declaró recientemente que “Ñuble no aguanta más diagnósticos; hoy día necesitamos acción”, resumiendo una postura compartida por muchos.
Entonces, ¿por qué seguimos haciendo diagnósticos? Pues porque la estructura administrativa del Estado exige justificar cada peso que se invierte, y los diagnósticos suelen ser el antecedente clave para elaborar un anteproyecto o para defender la asignación de recursos ante los encargados de presupuesto, aunque el lento tramitar en la burocracia estatal muchas veces obligue a actualizar dichos diagnósticos ante la evidencia de su obsolescencia.
Sin embargo, cuando los diagnósticos se transforman en un vehículo para pagar favores, cuando sus resultados no cambian el conocimiento previo o no redundan en un trabajo posterior, o cuando solo sirven para que la autoridad pueda conocer una realidad que tiene frente a su nariz, no solo constituyen un despilfarro de recursos, sino que también una pérdida de tiempo para una solución.
Esos potenciales beneficiarios de un proyecto que llevan años esperando la solución a su problema suelen contar que “hace mucho tiempo me vinieron a encuestar por primera vez”, tras lo cual relatan con desánimo que “tiempo después vino otra señorita a hacerme las mismas preguntas”.
La modernización del Estado es una necesidad más urgente de lo que se cree, no solo porque permitirá mejorar la eficiencia del gasto público, sino porque permitirá ser más eficiente en brindar soluciones para los ciudadanos, que es finalmente el gran objetivo.
