La deuda que arrastra por años el Estado y que, según la empresa a cargo del servicio de entrega de agua en camiones aljibe, ya alcanza los $2 mil millones, no puede ser tratada como un asunto meramente administrativo. Cuando lo que está en juego es el abastecimiento de agua potable para cerca de 5.800 personas de seis comunas de la provincia de Itata, cualquier retraso en la solución adquiere una dimensión social que obliga a las autoridades a actuar con máxima prioridad.
La situación denunciada por TransRent SPA revela un problema que va mucho más allá de las dificultades financieras de una empresa. Portezuelo, Ninhue, Cobquecura, Quirihue, Trehuaco y Coelemu cuentan con familias que dependen de los camiones aljibe para acceder a un elemento indispensable. Si el proveedor advierte que ya no dispone de recursos para mantener las operaciones, el Estado no puede limitarse a constatar el problema: debe garantizar la continuidad del suministro.
La empresa sostiene que existen saldos pendientes desde 2023 y que también se adeudan servicios correspondientes a 2024, 2025 y al primer semestre de 2026. Su representante asegura que la falta de pagos ha llevado a la compañía a una situación financiera crítica, al punto de recurrir a préstamos personales para mantener las operaciones. También advierte que cerca de 40 trabajadores podrían quedar sin empleo si el servicio se paraliza.
La respuesta del delegado presidencial provincial de Itata, apunta a que las deudas correspondientes a 2023-2025 se originaron antes de su administración y, durante sus primeros seis meses de gestión, se habría realizado un proceso de revisión y reorganización de los antecedentes. La explicación resulta atendible respecto de las responsabilidades administrativas, pero no resuelve la urgencia actual.
Precisamente allí está el punto central. Las responsabilidades pueden determinarse posteriormente; el agua, en cambio, se necesita todos los días. Una administración puede recibir expedientes desordenados, cuentas pendientes o compromisos heredados, pero su obligación es ordenar esa información con rapidez y entregar respuestas concretas a quienes dependen de ella.
Por eso, más que una disputa entre una empresa y una autoridad, este caso debiera transformarse en una prueba de la capacidad del Estado para responder ante una necesidad básica. Si existen pagos pendientes, corresponde establecer con claridad cuánto se debe, a quién, por qué conceptos y cuáles son los mecanismos disponibles para regularizar la situación.
También es indispensable comunicar una fecha y una hoja de ruta. La incertidumbre es especialmente perjudicial cuando amenaza la continuidad de un servicio esencial. No basta con señalar que los antecedentes están siendo revisados: las familias de Itata necesitan saber que seguirán recibiendo agua.
El Estado tiene el deber de administrar responsablemente sus recursos, pero también de asegurar que las decisiones administrativas no terminen trasladando sus consecuencias a quienes viven en sectores que ya enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. En Itata, el tiempo para ordenar los papeles debe correr en paralelo con la obligación de garantizar el agua. Porque cuando se trata de consumo humano, esperar no puede ser la respuesta.
