Más del 35 por ciento de las personas atendidas en Ñuble por haber sido víctimas de un hecho delictual son menores. El grueso de los casos está relacionado con abusos sexuales o violencia intrafamiliar. De hecho la Región lidera la tasa de incidencias en materia de abusos sexuales a menores en el país, según reveló un estudio de la Fundación Amparo y Justicia que dio a conocer la semana pasada la directora nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en una visita a la zona.
“Todos los días asignan desde los tribunales de Ñuble a cerca de 50 niños y niñas que requieren algún programa de reparación”, precisó Gabriela Muñoz al exponer esta preocupante realidad.
Su crecimiento alarma, como también la complejidad del ejercicio forense. Por lo mismo, los diversos tribunales penales de la zona han venido recibiendo capacitación en materias como toma de declaraciones y otras instancias en las que los jueces deben enfrentar con víctimas vulnerables y bajo una serie de factores de riesgo.
Coincidentemente, el tercer Estudio de Maltrato Infantil, realizado por la Unicef, tiene como principal conclusión que 71% de los menores recibe algún tipo de violencia de parte de sus padres. La pobreza y las grandes inequidades en la distribución de los ingresos resaltan en este informe de como causas esenciales de los altos índices de violencia contra niños y adolescentes.
Los antecedentes, además, indican que más de la mitad de los maltratos graves se producen en hogares con antecedentes de violencia intrafamiliar, y que el abuso de drogas y alcohol se encuentra en parte importante de los casos con resultados fatales.
Según los expertos, en el caso de Ñuble pesa mucho el aspecto cultural, que hace que mucha gente no conciba que numerosas conductas cotidianas configuran maltrato contra la niñez y la adolescencia. Los padres maltratadores señalan que lo hacen “por el bien de los niños” o porque no conocen otras formas correctivas disciplinarias.
El juicio de que la violencia es educativa es un factor cultural sigue muy instalado, pero debe ser desterrado cuanto antes y es allí donde la prevención debe concentrar sus esfuerzos. Asimismo, en la mayor parte de esos casos el maltrato se materializa en privado y es negado en público, un doble estándar que también debe desaparecer.
La evidencia recopilada indica que cuando un niño es víctima de maltrato, no solo sufre el dolor físico, sino que hay consecuencias posteriores asociadas, como sentimientos de tristeza y desmotivación, conductas agresivas o de aislamiento social y el desarrollo de una baja autoestima. En algunos casos podría presentarse abuso de drogas y/o alcohol en la adolescencia.
Los niños deben ser protegidos por todos. El Gobierno y los legisladores deben hacerse cargo de crear mejores leyes y de implementar políticas públicas que los protejan. La Justicia tiene la obligación de investigar toda situación de maltrato infantil y los centros de salud deben denunciar cualquier daño atribuible a violencia intrafamiliar. Finalmente, el llamado es a la comunidad: no se puede ser pasivo ni contemplativo cuando vemos o sabemos que un niño es maltratado.
