Fue en marzo de 2003 que, tras la entrada en vigencia de la Ley que reformaba el sistema procesal penal en Chile, se crearon las primeras fiscalías en la -entonces- provincia de Ñuble.
Tras casi exactos 20 años, la -ahora- región de Ñuble vio por primera vez en su historia a un alcalde privado de libertad por orden judicial.
Quien pasó así a la historia es César Figueroa Betancourt, un exmilitante de la UDI y en cuya campaña para quedarse con el sillón consistorial de San Ignacio tomó como bandera de trabajo el fortalecimiento productivo, la mejora de la seguridad vial o el gestionar subsidios de vivienda.
Pero por sobre todo se presentaba como un candidato en pro del medio ambiente.
De hecho, hizo noticia en 2020, cuando en su condición de concejal viajó 450 kilómetros en bicicleta hasta La Moneda para entregarle una carta al entonces presidente Sebastián Piñera, solicitándole que desistiera del proyecto del Embalse Zapallar.
Y aunque estaba sentado en la cabecera de la mesa del Concejo cuando se aplaudió de manera unánime el anuncio de la pavimentación entre Chillán y San Ignaio; o aunque las relaciones con los regantes iban en positivo avance, en 2022 fue objeto de una denuncia por parte del Concejo Municipal.
Lo acusaron de traspasar cerca de $88 millones destinados al mejoramiento del Liceo Manuel Jesús Ortiz, para pagar las deudas previsionales que desde antes de su administración arrastraba el municipio con los profesores.
Fue ese mismo cuerpo de concejales, que el pasado viernes 14 de abril quedó atónito ante la presencia de vehículos de la Policía de Investigaciones incautando equipos y documentos desde el municipio. Las noticias respecto a la detención del alcalde y de otros funcionarios ya habían estallado.
Conforme a lo explicado por el Ministerio Público, fue en noviembre de 2022 que se inició por oficio una investigación en contra del alcalde Figueroa, por recibir sobornos (cohecho) por parte del empresario Rodrigo Carmona, dueño de la empresa consultora Gestión Global, para allanarle el camino a la adjudicación del contrato de su consultora y así manejar los destinos de las cuentas consitoriales.
Figueroa, quien abandonó la UDI tras no recibir apoyo para su candidatura como concejal, está además, imputado por fraude al fisco. Se decretó la prisión preventiva en su contra.
Isabel Troncoso, presidente regional de la UDI dijo que “él un día me dijo que se candidateaba a concejal porque necesitaba el trabajo, así que si no lo apoyábamos se iba, porque de la Concertación se lo estaban pololeando. Nuestro candidato era otro, así que le dijimos que se fuera no más, y lo hizo”.
Ganó la alcaldía como independiente. Sin embargo, eso de “necesito el trabajo” pareciera esconder un misterio aún no revelado.
Conforme a la carga probatoria de la fiscalía en esta primera instancia, las finanzas personales de César Figueroa no parecen ser tan saludables.
En la audiencia fueron presentados audios en los que se le escucha pidiéndole a su jefe de gabinete, Edgardo Suazo, conseguir préstamos de dinero a diversas personas porque le quedaba muy poco dinero en la cuenta.
La relevancia de esos audios, que en primera instancia parecieran ser no más que un dato de mal gusto, es que lo exponen -por su necesidad de conseguir recursos- como un actor potencialmente llano a aceptar (al menos en el papel) sobornos.
Lo anterior contrasta con esa promesa de campaña de donar la mitad de su sueldo para obras benéficas.
De todas formas, el jefe de la Defensoría Penal Pública de Ñuble, abogado Marco Montero, quien asumió su representación, asegura que la fiscal Espinoza no entregó evidencia concreta que vinculara a Figueroa con los actos que se le imputan.
“Estimamos que los antecedentes expuestos por la fiscal (Nadia Espinoza) no revisten el carácter, la fuerza ni la entidad necesaria para dar por justificada la participación en este caso de mi defendido en estos hechos”.
Mañana, a las 11:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, se realizará una audiencia para revisar el estado de secreta de la investigación. Algunos abogados esperan discutir las cautelares en contra de los imputados en la causa que los mantiene en prisión preventiva.
El maletín, las camisetas y el asado
El epicentro del terremoto consistorial fue a 31 kilómetros de San Ignacio. A menos de 120 metros del kilómetro cero de Chillán, específicamente en el estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco, donde funcionarios de la PDI fotografiaron el momento exacto en que el empresario, Rodrigo Carmona, le hacía entrega de dinero (se habla de un millón de pesos) al jefe de gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo.
Con orden judicial conseguida por la fiscal Espinoza los detuvieron a ambos casi en el acto.
Y dentro de las réplicas inmediatas se cuentan las detenciones del alcalde Figueroa y de quien asoma como asistente de Carmona, Rodrigo Sandoval.
Edgardo Suazo fue trasladado al cuartel Arauco y prestó declaración. Dijo que el dinero tenía como destino al alcalde Figueroa.
“Y es en una de sus declaraciones que vincula a mi representado en este tema. Dice que habría sido don Krysler Monroy quien hizo los contactos entre Carmona, Sandoval y el alcalde Figueroa. Y eso es todo lo que la fiscalía tiene respecto a mi representado”, explicó el abogado Rodrigo Vera Lama, defensor de Monroy.
Suazo es hijo de esa zona, su familia es del sector Pueblo Seco, son propietarios de un supermercado y siempre se han destacado por ser gente de esfuerzo y comprometidos con sus vecinos.
Tuvo una militancia en Renovación Nacional y tuvo un cargo administrativo en la Municipalidad de Pemuco antes de trabajar en la de San Ignacio.
Sus coterráneos lo tienen como un personaje de bajo perfil, nunca se le vio apoyando candidaturas ni esbozando aspiraciones políticas.
La jueza Claudia Aguayo, titular del Juzgado de Garantía de Bulnes, acogió la solicitud de la fiscal y decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario total, más la prohibición de acercarse al municipio y contactarse con otros imputados.
Al salir del tribunal, lo aguardaban familiares y amigos con vítores, gritos y aplausos. “Se hizo justicia” gritaban.
Horas más tarde en redes sociales publicaron fotos suyas celebrando en su casa con un asado. Y en los comentarios se leían líneas como “fue absuelto” o “se desestimó su participación en los hechos”.
Pero no, claramente eso no es así. La investigación en su contra sigue vigente.
Y también lo sigue respecto al jefe del DAEM de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Fernández.
Fernández, ingeniero informático quien tuvo un cargo administrativo bajo la jefatura comunal de Domingo Garrido, siempre fue considerado “la mano derecha” del alcalde Pino.
Hizo noticia cuando se incendió su casa en 2014, en el sector rural de San Vicente, por razones nunca aclaradas de manera pública, aunque se presume un desperfecto eléctrico en una casa aledaña que también resultó destruida.
Al igual que Suazo, el ingeniero Fernández es considerado de bajo perfil, sin aspiraciones políticas y se le vio en muchas ocasiones ayudando a la familia del alcalde Pino en situaciones de logística doméstica, por lo que para nadie era desmesurado tildarlos de “amigos”.
Antecedentes del caso “cuentas corrientes” indican que recibió el 40% de un pago de seis millones de pesos que Carmona le entregó al alcalde Pino por concepto de sobornos.
La licitación que se adjudicó Gestión Global en Ñiquén data del 24 de septiembre de 2019.
También prestó declaración y tras cartón, se dio la orden de detención en contra del alcalde.
La colaboración también le valió el que le decretaran la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El alcalde Manuel Pino se presentó de manera voluntaria en la PDI en la mañana del miércoles. Prestó declaración, se le formalizó por cohecho (al igual que a Figueroa), pero su colaboración le evitó la prisión preventiva y desde el viernes observa un arresto domiciliario total.
“Lo conozco hace más de 30 años. Cuando éramos jóvenes vendíamos cosas, como por ejemplo, salíamos a vender cebollas y soñábamos con sacar una carrera y tener un trabajo profesional. Él se tituló de profesor y yo de periodista; de hecho alcancé a trabajar con él como periodista. Con el tiempo cambió, cambió mucho”, dijo el exfuncionario municipal de Ñiquén, José Fica.
Las cautelares de menor intensidad las decretaron contra el jefe de Finanzas de la Municipalidad de San Ignacio, Hugo Troncoso.
Tras ser formalizado, quedó con arraigo nacional, firma mensual, prohibición de comunicarse con otros imputados y de acercarse a la municipalidad.
Desde entonces, su militancia en la UDI, de la que era presidente comunal desde 2022, “está congelada, porque mientras no haya una sentencia no lo podemos desvincular, nosotros no somos jueces”, advierte la presidente regional del partido, Isabel Troncoso.
Fuentes de la causa dicen que el pecado de Hugo Troncoso fue, en primer lugar, estar al tanto de la forma en que Gestión Global se adjudicó la licitación; y en segundo, preguntarle al mismísimo Rodrigo Carmona si le podía pedir al banco que se quedara con las cuentas corrientes del consistorio, que les regalara un juego de camisetas de fútbol para el equipo municipal.
Un tal Martín…
Corría el año 2013 y la gerencia del mall Parque Arauco, en Santiago, presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones, acusando un insistente intento de cohecho.
Eran los días en que en el concejo municipal de la época tenía en tabla el autorizar el puente aéreo que conectaría los dos edificios del mall Arauco Chillán, elemento clave para la gerencia de Arauco.
Tras meses de incertidumbre, el gerente comenzó a recibir diversos correos electrónicos remitidos por una persona inexistente que se hacía llamar Martín.
Y el tenor de los correos era el siguiente: “Le sugerimos ponerse en contacto con el concejal Hernán Álvarez, quien tiene un marcado liderazgo en el concejo y tiene mucha experiencia en estas materias. Por un monto a conversar podría acelerar el proceso de aprobación del puente aéreo”.
El entonces concejal Hernán Álvarez negó tajantemente incumbencia alguna con esos correos, y las investigaciones de la PDI determinaron que todos esos mails fueron enviados desde tres puntos específicos: la oficina de los concejales de Chillán; de las dependencias del Injuv Biobío, en Concepción; y desde un departamento ubicado en el edificio don Alfonso, de Chillán.
Era el departamento en el que entonces registraba domicilio el –en esos años- concejal Rodrigo Sandoval, quien a su vez era el director regional del Injuv Biobío.
Fue detenido y formalizado, sin embargo, la causa tramitada en el Juzgado de Garantía de Chillán terminó con una suspensión condicional. Un cierre que no mancha los papeles.
Sandoval argumentó que tanto las oficinas del concejo municipal como las de la Injuv eran públicas, por lo que cualquiera podía mandar correos desde esas I.P., y además, que él en su departamento tenía el Wifi abierto, por lo que cualquier persona con un notebook se pudo haber conectado sentándose en la escalera de afuera. Respecto a su notebook, explicó en el tribunal que se lo habían robado, aunque no hizo la denuncia.
A la prensa le dijo que “esto es un montaje, porque saben que quiero ser candidato a diputado y me quieren sacar por secretaría”.
A las semanas de conocido el hecho, terminó su militancia en la UDI. Luego trabajó con diversos políticos desde Aldo Bernucci hasta el diputado Frank Sauerbaum.
Hoy, la fiscal Espinoza lo sindica como el encargado de hacer los contactos entre los funcionarios abiertos a recibir sobornos por parte de Carmona. Está en prisión preventiva.
El hombre del maletín
Hay quienes aseguran que el ingeniero Rodrigo Carmona, exjefe del Secpla de la Municipalidad de Chillán es una de las pocas personas capaces de explicar una de las negociaciones más polémicas y extrañas realizadas en el consistorio chillanejo, la de la empresa de parquímetros ECM.
ECM se adjudicó la licitación de los parquímetros de Chillán en los años 90 y tras cerca de 15 años, de manera injustificada (aparentemente) el consistorio determina poner fin al contrato de manera anticipada y con el pago de una indemnización de $200 millones.
Se hizo, consecuentemente, un nuevo llamado de licitación en el mismo año en que la Municipalidad comenzó a planificar la construcción del estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco, que debía ser ejecutado por la empresa que se adjudicara la nueva licitación, lo que implicaba un pago de $200 millones por derecho de llave a la Municipalidad.
Con los $200 millones que el municipio local le entregó a ECM por término anticipado de contrato, esta misma empresa era la única que estaba en condiciones de pagar los $200 millones por derecho de llave que exigía la licitación. Y así fue que ECM, a meses de ser finiquitada, volvió a quedarse con la concesión de los parquímetros .
Quien estaba a cargo de los procesos licitatorios era el jefe de Secpla, Rodrigo Carmona.
El ingeniero, exfuncionario municipal y dueño de la consultora Gestión Global, posee en la actualidad un patrimonio inmobiliario de 13 viviendas y parcelas. Puntualmente, cuatro departamentos, cuatro parcelas y cinco casas. 11 de ellas adquiridas a partir del año 2011.
Hoy asoma como el principal foco de investigación de esta causa llamada “cuentas corrientes”, debido a supuestos sobornos para quedarse con las licitaciones para realizar consultorías financieras municipales, en un modelo de negocios que él mismo ideó y que otras consultoras han tratado de imitar, convirtiéndose en su competencia.
Ya ha conseguido adjudicarse 71 licitaciones. En Ñuble figuran San Carlos, San Nicolás (2013), San Ignacio (2013 y 2022), San Fabián, Cobquecura (2016, 2017 y 2022), Portezuelo (2014 y 2022), Ñiquén (2016 y 2019), San Ignacio (2019) y Bulnes (2022).
Y dentro de las ciudades más grandes figuran Concepción, Valparaíso y 14 contratos en la Región Metropolitana. Entre ellas, la de La Pintana, en 2016, cuya alcaldesa Claudia Pizarrondenunció a la Contraloría que, a su juicio, se cometieron irregularidades en el proceso.
Pese a esto, en el dictamen del 29 de septiembre de 2016, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dictaminó que tras una investigación realizada por este órgano, estableció que “no se advierte reproche que formular a la decisión de contratar el servicio en cuestión”.
Hoy, la Fiscalía Regional de Ñuble estima que este modelo de sobornos le importa réditos por cerca de $60 millones mensuales, lo que evidentemente se tendrá que demostrar en estos siete meses de investigación que el Juzgado de Garantía Bulnes dio como plazo.
A Carmona lo detuvo la PDI el viernes 14 de abril tras, supuestamente, entregarle al jefe de gabinete del alcalde Figueroa un maletín con 1 millón de pesos por concepto de soborno.
Curiosamente, se le detuvo en Chillán, en el mismo estacionamiento subterráneo que él ayudó a gestionar cuando fue funcionario municipal.
