Hoy, el mal humor que exhibe la ciudadanía hacia los dirigentes políticos, sin distinción de partidos, es evidente y tiene su origen en la extendida sospecha de que los representantes políticos, en muchos casos, responden a los grupos de interés que han propiciado la desigualdad y no a sus electores.
Se puede argumentar, sin temor a exagerar, que Chile sufre un problema de confianza. Hay desconfianza en cómo se manejan los negocios privados, pero también -y mucho- en cómo fluye la información pública y las decisiones políticas. El interrogante entonces que deben resolver hoy las autoridades y la sociedad en su conjunto es cómo superar esta crisis de confianza de una manera racional y eficaz.
Es fundamental entender primero que el cierre corporativo de la clase política en defensa de sus privilegios y su reiterada oposición a modificar prácticas altamente cuestionadas ha llevado a la ruptura de los lazos entre la sociedad civil y la política.
Este conflicto solo puede resolverse de una manera y es renunciando a privilegios. La rebaja de la dieta parlamentaria, por ejemplo, es un primer paso, probablemente más simbólico que efectivo desde el punto de vista del ahorro de recursos fiscales, pero que no solo hará bien a la confianza pública, sino que además apaciguará la indignación ciudadana por los $9,5 millones bruto que reciben cada mes.
En segundo lugar, se necesita renovación. En efecto, se impone que un gran número de dirigentes políticos que hoy dominan la escena pese a sus fracasos en la gestión pública y a la imagen altamente negativa que tienen ante la opinión asuman que ha llegado el momento de dejarles su lugar a otros.
La actual crisis de representación no se resolverá simplemente con el desplazamiento de las figuras políticas más desacreditadas. Para recrear la confianza perdida se impone concretar algunas reformas políticas tan demandadas por la sociedad como postergadas por quienes han pasado por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La propuesta de agenda social que hizo el Ejecutivo, aunque insuficiente en opinión de muchos sectores, será una prueba de fuego para el Congreso y su devaluada imagen, refrendada ayer por el estudio Pulso Ciudadano Activa Research, que lo sitúa como la peor institución evaluada por la ciudadanía, con un 80,6% de rechazo.
Igualmente, es prioritario tener en cuenta que ninguna reforma, técnica o institucional, será suficiente si no se cambia de raíz el concepto de lo que significa la acción política como acto de servicio y si no aparecen signos fehacientes de renovación moral.
Más que nunca, es necesario que sobre las pasiones de unos y sobre la reticencia a los cambios de otros triunfe la madurez de todos. Porque, en definitiva, en Chile no se necesita suprimir la política, sino por el contrario, contar con una política mejor. La democracia también propicia desencanto y desengaño, que no son malos en sí mismos, pues nos permiten generar un compromiso de corrección. Por eso la democracia siempre es perfectible y el menos malo de todos los sistemas de Gobierno.
