Señor Director:
La propuesta aprobada en general por la Comisión Experta del proceso constitucional habla que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”. Esta frase ha generado opiniones disidentes vinculadas a que con esto se quiere regular el sistema de salud privilegiando a los privados.
No caigamos en ese error. La Constitución no está para determinar el sistema de salud y financiamiento. Esta Carta Magna, esperemos, durará décadas y debe resguardar a las personas, independiente del sistema de salud que tengamos y que, claramente, cambiará en el corto, mediano y largo plazo.
Lo que se plantea en este punto es algo más allá del sistema de financiamiento, de salud o de prestador. Se habla de salvaguardar el derecho de las personas a elegir. A modo de ejemplo, varias encuestas el año pasado mostraban la importancia que le da la ciudadanía a poder elegir dónde y con quién atenderse.
Es por eso que la Constitución debe amparar el derecho a un sistema de protección de salud que brinde a las personas la mayor cantidad de oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de ésta, con equidad y resguardando, siempre, sus preferencias, necesidades y valores individuales. El derecho a elegir en salud no es solo lo que necesitamos, sino que también es lo que queremos.
Paula Daza, Directora Ejecutiva de CIPS-UDD
