La delincuencia, desde sus primeros registros históricos, ha requerido de un elemento ineludible: el anonimato. La falta de vigilancia, la noche, un bigote falso o, más tarde, un pasamontañas y una capucha.
Sin embargo, los avances digitales y la sistematización de las operaciones financieras les dieron a los delincuentes una posibilidad inédita: actuar completamente invisibles.
Es así como los delitos de fraude y estafa cometidos mediante dispositivos digitales y plataformas online registraron un aumento de 81% desde 2020, mientras que este año ya se han ingresado más de 41 mil causas a los tribunales del país.
Y aunque entre sus víctimas hay jóvenes nativos digitales, profesionales e incluso policías, los datos permiten concluir que, frente a este tipo de delitos, nadie está completamente a salvo.
Menos aún en Ñuble, donde la alta ruralidad, el analfabetismo y una creciente población de adultos mayores configuran un escenario especialmente complejo.
Una muestra aparece en los registros entregados por el Juzgado de Policía Local, que dan cuenta de un aumento de 1.000% desde 2023 en los casos relacionados con fraudes y estafas que afectan a personas mayores.
La cifra ayuda a explicar por qué el fenómeno comenzó a ocupar un lugar en las reuniones de seguridad de las 21 comunas, en el trabajo de la Corte de Apelaciones y en las estrategias de la PDI.
Pero también revela una dificultad mayor, porque no todas las estafas ocurren frente a una pantalla.
Y no todos los estafadores son desconocidos.
El teléfono, como siempre
“Una de las modalidades que más afecta a las personas son las llamadas telefónicas, donde se inventa una historia creíble”.
El subprefecto Alexis González, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Chillán, describe así uno de los mecanismos que más se repiten.
El supuesto ejecutivo bancario necesita confirmar algunos datos. El funcionario de una institución debe verificar una información. Alguien advierte de un problema con una cuenta.
La conversación puede parecer completamente normal. Hasta que aparecen las claves.
“Muchas veces se hacen pasar por ejecutivos de bancos y solicitan las credenciales de acceso a las cuentas, y posteriormente se produce la sustracción del dinero”, explica González.
En la PDI regional, la estafa se encuentra entre los delitos que más llegan a conocimiento de los funcionarios. El jefe regional, Enrique Zamora, la sitúa entre el primero y segundo lugar de los delitos más denunciados en los cuarteles.
Lejos de aprender de los errores, “tenemos un aumento de los delitos informáticos y también de los delitos contra la privacidad, principalmente por el robo de información a través de medios digitales”, señala Zamora.
La IA es la nueva pistola. “Hoy la inteligencia artificial facilita también la filtración de imágenes, el robo de información y las estafas”, agrega.
La respuesta policial será la nueva Unidad de Cibercrimen de Ñuble, cuya creación ya fue dispuesta y que se encuentra en proceso de implementación.
“Todas las regiones van a tener una unidad de cibercrimen. Ñuble ya está designada y tenemos los perfiles de las personas que van a trabajar en ella”, explica Zamora.
“Algunos de los funcionarios llegarán con experiencia adquirida en otras regiones. La idea es investigar localmente delitos que muchas veces se ejecutan desde fuera de la región y, en algunos casos, desde fuera del país”, detalló.
La justificación de la creación de estas unidades se explica en las cifras. En la Fiscalía Regional de Ñuble se contabilizan 41.917 ingresos de delitos durante 2026, frente a los 39.650 registrados en igual período anterior. El incremento llega al 5,7%.
La cifra representa una fracción de los 1.575.857 ingresos registrados a nivel nacional en el mismo período.
La estadística regional agrupa los ingresos en distintas categorías, entre ellas delitos económicos y tributarios, delitos contra la propiedad, hurtos, robos y delitos contra la libertad e intimidad.
Los más vulnerables
La estafa, sin embargo, tiene una particularidad que no aparece necesariamente en una cifra de ingresos.
Y en el caso de las personas mayores, existen razones para pensar que una parte de los casos queda fuera de las estadísticas.
“Hay una cifra negra importante”, advierte Lorena Sandoval, abogada del Servicio Nacional del Adulto Mayor en Ñuble, quien aclara que no siempre se trata de que la víctima desconozca que fue perjudicada.
A veces sabe perfectamente lo que ocurrió, pero lo que no sabe es a quién contárselo.
“Ocurre que el adulto mayor siente vergüenza de contar que fue víctima de un abuso, porque piensa que sus hijos lo van a retar o porque tiene temor de que no le crean”.
El problema que recibe Senama no siempre comienza con una llamada telefónica.
“Tenemos muchas consultas relacionadas con abuso patrimonial”, cuenta Sandoval, explicando que con una firma puede ser suficiente.
“Hay situaciones en que mediante el engaño se consigue que la persona mayor firme determinados documentos y después se produce un perjuicio sobre su patrimonio, especialmente respecto de bienes inmuebles”.
En esos casos, la tecnología puede desaparecer completamente de la escena. La persona que engaña puede estar sentada frente a la víctima. Y puede conocerla desde hace años.
“Muchas veces son personas conocidas. Primero están los hijos, los cónyuges, después los nietos. Y cuando no existe una red familiar, pueden ser otros parientes o incluso vecinos que han logrado ganarse la confianza de la persona mayor”.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando existe dependencia, discapacidad, problemas de audición o visión o analfabetismo.
“Tenemos adultos mayores que son ciegos, que tienen alguna discapacidad, que no saben leer ni escribir. Son situaciones donde la vulnerabilidad es mucho mayor”.
En Ñuble, además, una parte importante de las personas mayores vive fuera de los centros urbanos.
La región tiene un 23,7% de su población sobre los 66 años y alrededor de 18 mil personas mayores viven solas, de acuerdo con los antecedentes citados por organismos que trabajan con este segmento.
El último kilómetro
“Nosotros tenemos que llegar a todas las comunidades, especialmente a aquellas que están más alejadas de los centros urbanos”.
El seremi de Seguridad Pública, Héctor Ponce, plantea que allí aparece uno de los principales desafíos para las autoridades.
Desde agosto, la Seremi participa en los consejos comunales de seguridad pública, instancia que reúne trimestralmente a los municipios y otros organismos.
“Hay que trabajar con los municipios, porque ellos son los que conocen a sus comunidades”.
Ponce recorrió las 21 comunas de Ñuble durante septiembre y sostiene que existe disposición de los equipos municipales para abordar el problema.
Pero existe un adulto mayor al que una charla puede no llegar nunca. El que vive solo, o el que está postrado.
El que vive en un sector rural y no participa de un club ni de una organización comunitaria. El que no tiene redes sociales, no revisa WhatsApp y puede pasar semanas sin conversar con alguien ajeno a su círculo más cercano.
“Los municipios tienen un rol fundamental. Ellos tienen que llegar a cada comunidad y, especialmente, a las personas que están más aisladas”.
La prevención, en esos casos, no necesariamente requiere una clase sobre ciberseguridad, basta con saber que esa persona existe.
La justicia
El problema también llegó a la Corte de Apelaciones de Chillán. La presidenta del tribunal, ministra Paulina Gallardo García, encabezó una mesa de trabajo con organismos vinculados a la atención de personas mayores, entre ellos Senama, la Corporación de Asistencia Judicial, la Seremi de Justicia, el Ministerio Público, notarías y juzgados.
Uno de los asuntos abordados fue el aumento de las estafas financieras, telefónicas y digitales.
“Necesitamos criterios unificados y una coordinación institucional que permita prevenir los delitos económicos que afectan a los sectores más vulnerables”.
La Ley 20.009 ocupó parte importante de la discusión. La normativa establece mecanismos de protección para usuarios afectados por pérdida, robo, hurto o fraude relacionado con determinados medios de pago y transacciones electrónicas.
El problema es que conocer la existencia de una ley no significa necesariamente saber cómo utilizarla.
Por eso, el viernes 25 de septiembre, la Corte de Apelaciones y el Juzgado de Policía Local realizaron en Coelemu una capacitación para personas mayores y dirigentes. La materia fue precisamente la Ley 20.009.
“Las personas mayores necesitan un acompañamiento cercano, procedimientos más expeditos y una respuesta oportuna cuando se afecta su patrimonio”, sostuvo.
El otro delincuente
Para que se consume el perjuicio patrimonial basta que el estafador que llama por teléfono construya una identidad falsa.
El familiar que se apropia del patrimonio de una persona mayor puede no necesitar ninguna.
“Muchas veces el agresor es alguien que está dentro del entorno de confianza de la persona”, remarca la abogada del Sename, quien apunta a hijos, parejas, nietos, otros familiares y vecinos.
Y esa cercanía explica también por qué algunos casos pueden tardar en conocerse.
“Hay adultos mayores que tienen miedo de denunciar porque el agresor es un familiar. Y también existe el temor de quedar solos”.
En ese punto, el fraude digital y el abuso patrimonial terminan encontrándose en un mismo lugar.
La confianza
Una voz que parece ser la del banco, un mensaje que parece venir de un hijo, el vecino que ofrece ayuda, el familiar que pide una firma.
El delito ya no necesita necesariamente ocultarse. En ocasiones le basta con parecer exactamente lo contrario de lo que es.
Y mientras la PDI prepara en Ñuble una unidad especializada para perseguir a quienes utilizan computadores, teléfonos e inteligencia artificial para engañar a sus víctimas, los municipios, Senama, los tribunales y las organizaciones sociales enfrentan una tarea bastante menos tecnológica: encontrar a quienes pueden estar demasiado lejos para escuchar una advertencia. O demasiado cerca de quien podría necesitarla.
