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Delito sexual en Ñuble se suma a la polémica por los decretos firmados por el ministro Rabat

Poder Judicial

Un hombre condenado a cinco años y un día de cárcel por abusar sexualmente de su hija, cuando ella tenía entre seis y nueve años de edad, recuperó anticipadamente su libertad luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, le concediera una rebaja de 10 meses de condena.

La decisión se tomó luego que cinco magistrados de la jurisdicción de Chillán, seis meses antes, habían rechazado su solicitud por considerar que no estaba preparado para reinsertarse en la sociedad.

La resolución, fechada el 9 de abril de 2026, corresponde a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán.

Entre ellos figuraba el condenado, sentenciado el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, luego de acreditarse abusos sexuales ocurridos entre 2011 y fines de 2014.

Aunque el interno cumplía los requisitos formales para postular al beneficio, el considerando sexto de la resolución consignó que presentaba “distorsiones cognitivas, relativizaciones, justificaciones y minimizaciones, cambiando su discurso en cuanto a la edad de la víctima y circunstancias del abuso, con falta de culpa y responsabilidad”.

La comisión, presidida por la ministra Paulina Gallardo e integrada por otros cuatro magistrados, resolvió por unanimidad que “el interno no se encuentra apto para reinsertarse adecuadamente en la sociedad”.

Cinco meses y 22 días después, el 1 de octubre, el ministro Fernando Rabat firmó el decreto que le concedió 10 meses de reducción de condena, beneficio que permitió anticipar su salida de prisión.

Actuar por jurisprudencia

La decisión se enmarca en la controversia nacional por los decretos administrativos mediante los que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El magíster en Derecho Penal, Rodrigo Vera Lama, sostuvo queel ministro tenía la posibilidad de rechazar estas solicitudes y cuestiona la interpretación jurídica que habría utilizado la cartera para concederlas.

Según explicó, la modificación legal introducida en 2022 estableció restricciones para acceder a reducciones de condena en determinados delitos sexuales. Sin embargo, el Ministerio habría optado por reconocer el beneficio a quienes cometieron los delitos antes de la entrada en vigencia de esa normativa, apoyándose en fallos judiciales que habían admitido esa posibilidad.

“El Ministerio de Justicia, realizando una interpretación que ya es propia de los tribunales de justicia, más que de un ministerio de una autoridad política, entendió que como habían fallos de tribunales, era procedente esta reducción de condena para los condenados previos a esta ley”, comentó.

El especialista agregó que la jurisprudencia no es vinculante y que el criterio de los tribunales cambió durante el primer semestre de 2026, cuando la Corte Suprema comenzó a resolver en sentido contrario este tipo de solicitudes.

“Lo que hicieron fue asumir como una ley la jurisprudencia, y todos sabemos que la jurisprudencia no es obligatoria en Chile”, afirmó el especialista.

No es un “vacío legal”

Las decisiones del ministro también han generado críticas parlamentarias. El senador UDI, Gustavo Sanhueza, pidió conocer los criterios utilizados por el Ministerio y determinar si existieron advertencias que no fueron consideradas.

“Es preocupante que una persona que cometió un delito horroroso y que tiene altos índices de reincidencia y cuya solicitud de libertad condicional fue rechazada por la unanimidad por cinco magistrados, ande libre por las calles”, sostuvo.

El diputado socialista Francisco Crisóstomo, en tanto, cuestionó que el Gobierno atribuyera lo ocurrido a una falla administrativa o a un vacío legal.

“Las rebajas a pedófilos no fueron una ‘falla del Estado’, como ha señalado el Gobierno, ni un ‘vacío legal’; fueron una decisión del Gobierno a través del ministro Rabat”, afirmó. El parlamentario agregó que la acusación constitucional presentada contra el secretario de Estado será la instancia para que explique los decretos firmados.

Consultada por este caso, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Ñuble se excusó de emitir declaraciones.

Felipe Ahumada

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