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Polémica generó entre organizaciones ambientalistas la aprobación en el Parlamento de una indicación presentada por el Ministerio de Agricultura que eximirá a aquellos proyectos de construcción de tranques o embalses pequeños de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.
La iniciativa fue presentada por la cartera en el marco de la discusión del Presupuesto 2020.
La indicación señala que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley Nº 18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferior a 300.000 m3, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.
Entidades como Greenpeace, Chile Sustentable, Modatima y Fima advirtieron que la indicación sienta un grave precedente.
“La implicancia más grave desde mi punto de vista es que, al no evaluar un proyecto en el SEA, estás construyendo estos tipos de embalses a ciegas, las consecuencias pueden ser peores que el beneficio que buscas”, advirtió Pamela Poo, de Chile Sustentable, citada por El Mostrador.
Además, Ezio Costa, de Fima, advirtió que la norma tiene problemas de inconstitucionalidad, pues la Ley de Presupuesto “no es una ley donde se pueden poner temas de este tipo, que requieren de otras modificaciones legales”. De hecho, el diputado Diego Ibáñez, quien rechazó la indicación, puso una reserva de constitucionalidadpara que sea visto por el Tribunal Constitucional.
“Es una buena medida”
Desde el mundo académico, sin embargo, esta excepción es calificada como una buena medida.
El experto en recursos hídricos de la Universidad de Concepción, Dr. José Luis Arumí, explicó que se trata de tranques pequeños y lamentó que se critique sin tener conocimiento del tema.
“Yo estoy de acuerdo con la modificación, es el caso de tranques que benefician a pequeños agricultores, y en mi experiencia, muchas veces esos agricultores que no pueden construir esos tranques, terminan vendiendo o arrendando sus tierras a las forestales (…) He estudiado muchos de esos embalses y siempre resulta imposible construirlos por los requerimientos legales, la gente se aburre y le vende a las forestales”, argumentó, y aprovechó de responder a los críticos que “los dueños de paltos no necesitan tranques chicos, porque tienen los recursos para construir pozos”.
El Dr. Arumí detalló que la modificación legal se refiere a pequeños tranques estacionales que no generar impactos ambientales mayores, como aquellos ubicados en quebradas que existen en Ninhue, donde los agricultores juntan agua para regar en verano.
A modo de referencia, La Punilla tendrá una capacidad para embalsar 625 millones de m3, mientras que el Zapallar almacenará 80 millones, vale decir, 266 veces uno de estos tranques pequeños.
Desde el Gobierno, en tanto, el seremi de Agricultura, Fernando Bórquez, explicó que esta medida permitirá agilizar muchos proyectos cuya evaluación ambiental puede tardar más de un año, pero aclaró que con esto no se pretende evadir la legislación ambiental.
