Ñuble vuelve a ocupar el primer lugar nacional en desempleo y la cifra conocida esta semana obliga a mirar con atención una realidad que dejó hace tiempo de ser coyuntural. El 11,2% de desocupación registrado en el trimestre móvil junio-agosto supera en 1,1 puntos el nivel de igual período del año pasado y constituye la segunda tasa más alta de la región desde la pandemia, apenas por debajo del 11,3% registrado en el mismo trimestre de 2024.
Son 26.934 personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Pero hay otro dato que resulta todavía más revelador: en 12 meses se destruyeron 3.420 empleos netos, con una caída de 1,6% en el número de ocupados. El mercado laboral no esté generando suficientes nuevos puestos de trabajo, y además está perdiendo empleos existentes.
Construcción, enseñanza e industria manufacturera explican buena parte de la caída, mientras los trabajadores de entre 15 y 34 años y de 35 a 54 años registran importantes retrocesos. También disminuyeron tanto los asalariados formales como los informales. El desempleo femenino llegó a 12%, pero el masculino experimentó un incremento aún mayor en 12 meses.
La explicación no puede reducirse a la estacionalidad propia de los meses de invierno. Tampoco basta con atribuirla a un ciclo económico nacional adverso. Si Chile registra 9,6% de desempleo, con seis regiones sobre los dos dígitos, Ñuble vuelve a exhibir un rezago particularmente preocupante.
La región arrastra, además, más de tres años y medio con tasas elevadas. Por ello, las esperanzas están puestas en el plan “Chile Despega” presentado por el Ejecutivo, que contempla medidas como ampliar los subsidios a la contratación, acelerar proyectos de infraestructura y fortalecer las garantías estatales para facilitar el financiamiento de las empresas. Son instrumentos que pueden contribuir a enfrentar el problema en el corto plazo, pero su eficacia dependerá de la velocidad con que lleguen al territorio y de su capacidad para generar puestos de trabajo efectivos.
En Ñuble ya existe una cartera que permite darle contenido concreto a ese esfuerzo. Solo el Ministerio de Obras Públicas contempla inversiones por $24.485 millones, asociadas, según lo informado por la autoridad, a unos 1.475 empleos en vialidad, obras hidráulicas y servicios sanitarios rurales. A ello se suma una cartera regional de 34 grandes proyectos por más de US$1.700 millones, que podría generar más de mil puestos de trabajo.
La tarea, entonces, es lograr que estas inversiones se ejecuten dentro de plazos claros. Una obra pública que permanece años en estudios, una licitación que se posterga o un proyecto privado que no consigue concretarse por falta de infraestructura, tienen un costo que finalmente también se expresa en el mercado laboral.
Las advertencias del sector privado sobre las dificultades para invertir en Ñuble deben ser consideradas. Las brechas de transmisión eléctrica, los problemas de infraestructura y las demoras en la tramitación de proyectos son obstáculos que deben abordarse, sin que ello signifique relajar estándares ambientales, laborales o de seguridad. La agilidad del Estado debe ir acompañada de certeza, coordinación y capacidad de ejecución.
Ñuble necesita una estrategia que combine la emergencia con una mirada de largo plazo. Las reformas destinadas a estimular la inversión y facilitar el financiamiento pueden contribuir a modificar las condiciones estructurales, pero sus efectos tomarán tiempo. Mientras tanto, la inversión pública, la agilización de proyectos y los instrumentos de apoyo a la contratación pueden funcionar como puente.
