Horas de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía de Investigación (PDI), previa orden judicial, en el marco de las indagaciones fiscales en el llamado caso “Cuentas Corrientes”, forman parte de los antecedentes que desde la semana pasada, la Fiscalía Regional puso a disposición de los abogados defensores de los siete imputados formalizados que hasta el momento suma la causa.
Esto luego que expirara, a fines de mayo, el plazo que la Fiscalía consiguió mantener la investigación en calidad de secreta, y que se prolongó por 40 días, que es el máximo que otorga la ley.
De esta forma, cada uno de los defensores deberá solicitar de manera presencial las copias de estos registros, y llevar soporte digital de cerca de 50 gigabytes.
Desde el Ministerio Público se informó que la entrega de las carpetas de investigación ya están en proceso de entrega, por lo que esperan que para esta semana ya los juristas cuenten con todo el material necesario para trabajar en sus respectivas defensas.
Estos audios podrían constituir, junto a las declaraciones de algunos de los imputados que hoy están bajo la cautelar de arresto domiciliario total, algunas de las evidencias más fuertes que ha obtenido la Fiscalía para demostrar que en estos procesos licitatorios entre la empresa Gestión Global Spa, propiedad del ingeniero chillanejo Rodrigo Carmona (en prisión preventiva), sí hubo favorecimientos por parte de algunos alcaldes, mediante el pago de presuntos sobornos y otros delitos asociados a esta causa.
Los otros imputados son el asesor político Rodrigo Sandoval, el alcalde de San Ignacio, César Figueroa y el funcionario municipal de esa comuna, Krylser Monroy (todos en prisión preventiva); más el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino; su jefe del DAEM, Carlos Fernández; y el jefe de gabinete del alcalde Figueroa, Edgardo Suazo (arresto domiciliario total), más al funcionario de esa comuna Hugo Troncoso (arraigo nacional).
Posible arista en La Araucanía
Otra nueva arista suma la investigación del Ministerio Público de Chillán en esta causa, luego que se confirmara que por parte de la Fiscalía Regional de La Araucanía que se están realizando las coordinaciones para que la fiscal de la causa, Nadia Espinoza, investigue posibles delitos de cohecho y soborno idénticos a los detectados en San Ignacio y Ñiquén, pero cometidos en dos municipios de esa región, que tienen contratos vigentes con la empresa consultora Gestión Global.
Se trata de las municipalidades de Lautaro y Traiguén, una de los 70 consistorios que contrataron servicios de consultorías de flujo de ingresos, con Gestión Global, mediante un proceso licitatorio que hoy está cuestionado por la Fiscalía.
De esta manera el caso Cuentas Corrientes, de acreditar ilícitos en estas comunas, ya extendería investigaciones en tres regiones: Ñuble (Ñiquén y San Ignacio), O’Higgins (Graneros) y La Araucanía.
